El fiscal federal Oscar Gutiérrez Eguía emitió un dictamen que podría modificar el rumbo de dos causas judiciales vinculadas a Javier Milei: la denuncia por hostigamiento presentada por Ian Moche y la investigación por la presunta estafa con criptomonedas en el caso $Libra.
Según el fiscal, la cuenta que el Presidente utiliza en la red social X debe considerarse una herramienta de comunicación oficial del Estado. Esto contradice la postura del Gobierno, que desde el inicio de ambas controversias sostuvo que se trata de publicaciones hechas a título personal.
El dictamen que compromete a la defensa oficial
En el marco del expediente iniciado por la familia de Ian Moche, el fiscal federal N°2 de La Plata señaló que la cuenta de Milei presenta la “tilde gris”, una marca verificada por la propia plataforma que identifica a “Individuos del gobierno Nivel nacional: Jefes de Estado”.
“La cuenta está registrada con el nombre de Javier Milei, perfil ‘Economista’ y es usada por el actual Presidente de la Nación”, establece el dictamen. Con base en esta interpretación, el juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, resolvió otorgar competencia federal a la causa, habilitando su tratamiento como una cuestión de Estado.
Relación con el caso $Libra: consecuencias posibles
El abogado Andrés Gil Domínguez, representante legal de Ian Moche, afirmó que este dictamen “podría tener consecuencias en la investigación por el caso $Libra”, ya que la promoción de dicha criptomoneda también fue realizada desde esa cuenta con validación oficial.
Aunque desde el Ejecutivo se cerró la investigación administrativa y se desvinculó al Presidente de responsabilidades institucionales, la causa sigue en trámite en tribunales internacionales. “El Presidente todavía está a tiempo de borrar el posteo”, señaló Gil Domínguez, quien remarcó que “cualquier presidente que use X con la tilde gris lo está haciendo en ejercicio de su función”.
Próximos pasos procesales
El juez Recondo fijó un plazo de cinco días para que el Presidente presente su descargo. Luego de ese período, el magistrado deberá definir si ordena eliminar la publicación cuestionada y si, en efecto, considera que el uso de la cuenta representa una acción de gobierno.
Este nuevo encuadre no solo impacta sobre el caso Moche, sino que deja abierta la puerta a futuras acciones judiciales donde se discuta la responsabilidad institucional del mandatario sobre sus publicaciones digitales.
