Tras una nueva paritaria para los empleados del Congreso y, como los senadores se volvieron a atar el año pasado sus dietas a las actualizaciones de los agentes legislativos, el pleno de la Cámara alta pasará a cobrar, desde el mes próximo, poco más de $9,5 millones en bruto.
La reciente paritaria fue firmada horas atrás, con aval de los presidentes de Diputados y el Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente, e implica un 1,3% de actualización en marzo -retroactivo- que se repite, con la misma mecánica, para abril y mayo.
Repasemos la cronología. En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Con la renovación del mismo a $2376,04 -aproximadamente- es que se llega a los más de $9,5 millones en bruto a recibir, a partir del mes próximo.
En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.
Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a Villarruel, quien primero dudó y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.
La novela de las dietas corrió en paralelo a las quejas de los gremios para abrir paritarias. El principal es APL, que lidera Norberto Di Próspero y que, luego de meses de llamativa pasividad, consiguió que los interbloques del Frente de Todos presentaran notas a Villarruel y a Martín Menem para encontrar una solución. Es decir, legisladores que adoptan la tarea que corresponde a los sindicatos, que tampoco quieren quedar mal con las autoridades del Congreso. Nada que no haya ocurrido en gobiernos anteriores, ya sea el macrista o los kirchneristas. Ahora, con los libertarios.
En medio de todas estas peripecias aún nada el flamante secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos, cuyo anuncio de renuncia -aún no oficial- derivaría, en caso de concretarse, en un papelón institucional. La vicepresidenta prometió devolverle las potestades que le quitó a su antecesora, la eficiente María Laura Izzo. Por ahora, no lo hizo.
A todo esto se suman los mazazos de Villarruel a un sector de aduladores, y guiños y creaciones de jugosas estructuras a favor de otros fans, junto a designaciones más que delicadas. Menem mira de costado todo esto por no tener el mismo esquema, en una Cámara baja muy oscura en cuanto al acceso a resoluciones oficiales -no así en el Senado, donde es prolijo y actualizado el acceso, salvo raras excepciones-, algo histórico y que cruza también a las gestiones kirchneristas y macrista.
