El caso conocido como “Libra Gate”, que investiga una presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, sumó esta semana importantes novedades tanto en Argentina como en Estados Unidos. En el ámbito local, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a las principales compañías de telefonía móvil que informen los números de líneas registradas a nombre del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados en la causa, desde enero de 2024 hasta la fecha.
La medida fue tomada a pedido de Martín Romeo, uno de los denunciantes de la estafa, y tiene como objetivo realizar entrecruzamientos de llamadas entre los principales investigados para determinar el rol de cada uno en la gestación del proyecto cripto.
Investigación en Argentina
El pedido fue dirigido a AMX Argentina SA (Claro), Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA (Movistar), y abarca también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, todos señalados como partícipes del presunto esquema fraudulento.
Entre las pruebas ya incorporadas al expediente se encuentran las líneas telefónicas utilizadas por Hayden Davis, el presunto desarrollador de $LIBRA, quien fue fotografiado junto a Milei en la Casa Rosada el 30 de enero y, según consta en el expediente, había visitado Argentina en al menos tres oportunidades previas.
Avance judicial en EE.UU.
En paralelo, desde Nueva York se confirmó que una Corte del Distrito Sur ordenó el congelamiento de 110 millones de dólares en criptomonedas relacionados con $LIBRA. Parte de estos fondos —unos 57 millones en USDC (una stablecoin ligada al dólar)— ya se encontraban congelados. El estudio jurídico Burwick Law, que representa a varios damnificados, difundió la resolución a través de sus redes sociales.
El dinero estaría bajo control de Hayden Davis, quien aparece como uno de los cerebros detrás del token y figura en varias comunicaciones con implicados locales.
Casación habilitó a los damnificados
En Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el derecho de los damnificados a actuar como querellantes en la causa, y rechazó el recurso extraordinario presentado por Novelli y Terrones Godoy. La resolución, firmada por los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, impide que la cuestión llegue a la Corte Suprema en esta instancia.
Con este aval, las víctimas podrán acceder al expediente, proponer medidas de prueba y participar activamente del proceso judicial, lo que podría derivar en nuevas revelaciones sobre el rol de funcionarios públicos y empresarios en el lanzamiento del cuestionado activo digital.
