Mientras el Congreso busca respuestas sobre el escándalo vinculado al proyecto digital Libra, el presidente Javier Milei enfrenta un pedido de citación a indagatoria que podría marcar un punto de inflexión en la causa. La solicitud fue presentada ante la jueza María Servini en el marco de una investigación por presunta estafa, en la que el mandatario aparece como potencial promotor de la maniobra financiera.
Según la presentación judicial, Milei no habría actuado como un simple simpatizante de iniciativas tecnológicas, sino como un actor clave en la difusión de una propuesta sin respaldo legal ni institucional. La acusación sostiene que el jefe de Estado impulsó el proyecto desde su cuenta oficial en la red social X, lo que habría dado legitimidad pública a una inversión que colapsó en pocas horas.
Desde el entorno de la investigación se subraya que el mensaje presidencial del 14 de febrero, en el que se destacaba a Libra como una “oportunidad de inversión”, tuvo un impacto determinante en la confianza de miles de personas. La operación se tradujo en pérdidas millonarias y en un daño profundo a la credibilidad de los mercados financieros nacionales e internacionales.
Las imputaciones que podrían alcanzar a Milei van desde defraudación hasta cohecho, incluyendo figuras como negociaciones incompatibles con la función pública y violaciones a la Ley de Ética Pública. La presentación judicial señala que el mandatario utilizó su investidura para avalar públicamente una plataforma sin regulación, lo que afectó a más de 74 mil personas y generó un perjuicio estimado en 250 millones de dólares.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó ante una sesión especial impulsada por la oposición con el objetivo de esclarecer los vínculos del Ejecutivo con el proyecto digital. Confirmó además que ni el ministro de Justicia ni el de Economía asistirían a responder preguntas, generando nuevas tensiones con los bloques opositores.
En diálogo con medios radiales, Francos aseguró que asumirá en solitario la representación del Gobierno ante el Congreso y reiteró que el Presidente no tiene intención, por el momento, de asistir personalmente. La oposición, en tanto, insiste en avanzar con medidas judiciales y legislativas que permitan determinar el nivel de responsabilidad institucional en lo que consideran una estafa a gran escala.
