Una asociación civil denunció a Caputo y piden que no se use la plata de los jubilados para contener el dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue denunciado ante la Justicia por la utilización del ahorro de los jubilados para contener la suba del precio de los dólares financieros. La presentación también requiere una medida cautelar para prohibir que se disponga de esa herramienta. "Esta medida resulta urgente, dada la vinculación de las personas involucradas con estructuras offshore y la posibilidad de que dichos recursos sean desviados a vehículos financieros fuera del control estatal", advierte la acusación.

La denuncia presentada por Alejandro Diaz Pascual, miembro de la Asociación Civil “Arco Social”, recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Franco Picardi. La denuncia contra el ministro y Fernando Bearzi, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y ex subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

"En virtud de las circunstancias expuestas y, ante el riesgo de disposición ilícita de fondos públicos, se solicita a Su Señoría que dicte una medida cautelar de no innovar, con el objeto de prohibir la disposición de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por parte de los responsables de su administración que resultan aquí denunciados", solicita en la medida cautelar.

De esta manera, pidió que "se implementen mecanismos de control y supervisión efectivos para asegurar que la gestión del FGS se realice con total transparencia y estricta legalidad", debido a que "cualquier manejo indebido de estos fondos se traduce en perjuicios concretos para este sector vulnerable de la población". Mientras el ministro asegura que busca "una reforma impositiva y laboral", clave "por la informalidad y por los juicios", los titulares de jubilaciones presentan un haber mínimo de $273.086,50 y cobran un bono de 70 mil pesos congelado desde el año pasado. 

El Gobierno nacional se abraza al carry trade para mantener el dólar y el costo lo pagan trabajadores y jubilados. El titular del Palacio de Hacienda recurrió al fondo del sector más vulnerable de la sociedad un día después de que el organismo previsional quedara en manos de Bearzi. El presidente Javier Milei echó a Mariano de los Heros por afirmar que avanzaba una reforma jubilatoria cuando "eso no es lo que está en carpeta". 

El nuevo titular de la Anses trabajó para Noctua Partners II LP4, empresa que tenía sedes en Miami y Delaware y negocios offshore en Islas Caimán. El ministro de Economía fue accionista de esta sociedad y no lo informó al asumir su cargo público en el gobierno de Mauricio Macri, mientras que Bearzi actuó como asesor financiero de la misma.

En este marco, la denuncia de Díaz Pascual advierte que "la participación de funcionarios públicos en sociedades offshore plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión de los recursos estatales, ello considerando que justamente las estructuras offshore son utilizadas para evadir impuestos y ocultar activos, lo que resulta incompatible con los principios de integridad y responsabilidad que deben guiar el servicio público".

Además, la falta de transparencia de las gestiones de ambos funcionarios "evidencian un claro desdoblamiento de intereses, actuando en beneficio propio a través de la intermediación en operaciones financieras", lo que vulnera "el principio de imparcialidad que debe regir el ejercicio de sus funciones".

"Conforme a los hechos relatados, resulta claro que la disposición de fondos del FGS hacia vehículos offshore configura un claro perjuicio económico al patrimonio estatal, que adquiere relevancia debido a la naturaleza pública de los fondos involucrados, afectando no solo el interés del Estado, sino también la confianza de la ciudadanía en la correcta administración de los recursos", sostiene. 

En junio del año pasado, Díaz Pascual también había denunciado penalmente el accionar de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovelo, al exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de dicha cartera, Pablo De La Torre y al Director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Luis Scasso, por asociación ilícita, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos públicos.