Los hechos juzgados fueron denunciados el 31 de enero de 2024 por una mujer, quien aseguró que su sobrina de once años con retraso madurativo, llegó a su casa y le contó que su padre abusaba sexualmente de ella.
La fiscal Martínez inició una investigación penal, reuniendo las pruebas necesarias que permitieron la condena del acusado por el abuso sexual de su hija.
En la sentencia, la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), en cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nacional Nº 26.879 y Provincial N° 7775, oficiando a tales efectos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para la prosecución del trámite correspondiente.
