La reciente imputación penal de tres personas por la difusión de contenidos críticos al Gobierno de Salta, irrumpió en el debate público local. Aquí repasamos algunas opiniones que ponen de manifiesto el rol ocupa el Ministerio Público Fiscal sobre el difuso gris que separa la libertad de expresión de la censura, en un año electoral que apenas comienza.
13 de enero de 2025 Melina Sola
El viernes pasado, un comunicado del Ministerio Público Fiscal brindaba algunas precisiones sobre la investigación iniciada poco antes por la fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. No comenzó por una denuncia particular sino a partir del anoticiamiento (notitia criminis) de que a través de perfiles anónimos en TikTok, se estarían realizando publicaciones de “videos cuyo contenido podría eventualmente incurrir en un delito de acción pública; videos con los que, sistemáticamente, se pretendía instalar el convencimiento de una vinculación entre el Gobierno de la Provincia y diferentes funcionarios con actividades relacionadas al narcotráfico”.
La fiscal Cornejo indagó a los acusados y trascendió -porque no brindó entrevistas- que el ideólogo para el que trabajaron fue el diputado nacional Emiliano Estrada, de momento desaparecido de la escena pública y judicial.
Se trata de cinco videos -no se sabe cuáles son- difundidos mediante las cuentas “La Casta de Sáenz”, “La Casta Salteña” e “Informante Salta” en los que se relaciona al Gobierno de Sáenz con el crimen organizado. En los mismos perfiles se subieron videos en los que se tilda a distintos funcionarios y legisladores oficialistas como vagos y corruptos entre otros epítetos, aunque ninguno de ellos denunció las publicaciones como calumniosas o injuriantes.
En ese sentido, el MPF aclaró que el tipo penal que se persigue es el ataque contra el orden público y no contra personas particulares. Supone que desde el anonimato se construyó una falsa creencia que generó “sentimientos de odio o rechazo”. “En definitiva, manipular la opinión de la sociedad en base a información falsa para generar un daño”, reza el comunicado.
Cabe recordar que la reciente vinculación entre el Gobierno salteño y el narcotráfico, no surgió de las redes sociales sino del juzgado federal a partir del caso Darío Monges, el asesor del Ministerio de Seguridad acribillado de cinco balazos en 2022.
Al presentar su alegato ante el Tribunal Oral Federal N° 1, en noviembre pasado, el fiscal Eduardo Villalba desarrolló las líneas que fueron surgiendo en la investigación del crimen y aseguró que si bien no lograron “conectar” al exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, con el homicidio estaba claro que había que investigarlo por el transporte de estupefacientes durante la pandemia. Lo sucedido “fue peor que la Fiesta de Olivos”, dijo el fiscal sobre los permisos de circulación en plena crisis sanitaria que se habrían usado para el narcotráfico con aquiescencia de ese ministerio.
Opiniones de referentes políticos
Indignada por los videos que se adjudican a Estrada, la diputada saencista Mónica Juárez presentó en la cámara baja provincial un proyecto de declaración para solicitar a los diputados nacionales que analicen sanciones disciplinarias contra el legislador salteño.
Ante la consulta de El Expreso de Salta, Juárez expresó que los periodistas no corren riesgo de censura en la provincia y respaldó el accionar fiscal contra los operadores políticos. "Salta no es Sinaloa, no se puede afirmar eso”, dijo respecto a la penetración del crimen organizado en los poderes del Estado. Así mismo, remarcó el hartazgo del oficialismo local por las difamaciones, de la que ella misma también fue objeto en el pasado con otros actores. “
El espacio Unión Por la Patria se pronunció hace algunas semanas por un caso similar al de los asesores de Estrada, fue a propósito del encarcelamiento del periodista salteño Luis Caro, imputado también por intimidación pública tras la difusión de supuestas fake news. Entre los firmantes de aquella misiva estaba el senador Walter Wayar. Al ser consultado por la causa que roza al diputado nacional, no justificó el accionar desde el anonimato, pero opinó que se está judicializando la política.
“No queremos en Salta un Comodoro Py, que cuando entra una denuncia de cercanos a Mauricio Macri, a Javier Milei o al poder económico, rápidamente son absueltos y las causas cajoneadas, o los dejan escaparse a otros países y luego pueden retornar tranquilamente. Y cuando los acusados son opositores, las causas no solo tienen celeridad, sino que se manejan fuera del marco la Constitución y del debido proceso”.
Sobre el documento que firmó, dijo que refleja la necesidad de “que se respete la independencia de los poderes, no se judicialice la política y no se cercene la libre opinión de los ciudadanos”.
Al referirse a la viralización de contenidos injuriantes apuntó a que se está accionando de la misma manera que el gobierno nacional: “Usan estas herramientas, están difundiendo una manera de construir en base a la mentira, la denigración y el debilitamiento institucional”.
Como no hay una ley que regule el uso de las redes sociales, “el límite debe ser la honorabilidad y la ética de cada persona”, reflexionó.
Otro de los que salió al ruedo es el diputado nacional Carlos Zapata, quien se mostró preocupado por la situación: “Es otra de las que llamo causas electorales, desde el poder se arman causas para desprestigiar a opositores”.
“Veo con preocupación la renuencia del Ministerio Público a investigar denuncias contra funcionarios y por otro lado una virulencia inusitada contra los opositores (…) En Salta habrá justicia el día en que los jueces dejen de temer al poder político. Lo dijo hace tiempo Alejandro Saravia exfiscal de Corte”, advirtió.
También dijo que fue “víctima de denuncias y causas armadas” asociada a su actuación política como opositor al gobierno.
La opinión del penalista Marcelo Arancibia
“Mi posición es que no hay que confundir opiniones mal interesadas con la realidad jurídica”, dijo el reconocido abogado. Parafraseando al jurista italiano Francisco Carrara, mencionó que “cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana".
“Se debe determinar si estamos frente a hechos políticos, a situaciones que pueden ser calumniosas o injuriosas, donde no me caben dudas que hay víctimas. Ver los motivos por los cuales se han exteriorizado ciertos contenidos, cuál fue el interés de estos actos, si han sido o no de utilidad a la estructura investigativa (…) En definitiva, separar el trigo de la paja y de acuerdo a eso estructurar la acción antijurídica típica, es decir la acción humana no permitida”.
“Los hechos son sagrados y las opiniones son libres” sintetizó, citando al exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ya fallecido salteño Carlos Fayt.
Después de una destacada temporada en el campeonato regional de la provincia de Jujuy el año pasado, jugando para el humilde San Vicente de Monterrico, el güemense Nahuel Zapatiel, fue convocado por el DT Matías Módolo para ser incorporado en el equipo profesional de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional. Zapatiel, zaguero central, es de General Güemes, tiene 20 años e hizo las inferiores en el lobo.
Evidentemente, el hombre ingresaba un dinero que cuyo origen no podía declarar y para evitar los controles trató de hacer a pie por Río Bermejo, por la zona conocida como Los Gomones, donde justamente estaba una patrulla de gendarmes. Al no poder justificar su carga dineraria fue puesto a disposición de la justicia, que ordenó secuestrar el dinero, pero que el "contrabandista" se retire como si nada, pero "supeditado a la causa". Insólito.
Pese a perder por 2 a 1, el equipo salteño hizo valer el 3 a 0 de la semana pasada y se clasificó finalista de la Región Norte del Torneo Regional. En la final lo espera Deportivo Graneros de Tucumán.
La reciente imputación penal de tres personas por la difusión de contenidos críticos al Gobierno de Salta, irrumpió en el debate público local. Aquí repasamos algunas opiniones que ponen de manifiesto el rol ocupa el Ministerio Público Fiscal sobre el difuso gris que separa la libertad de expresión de la censura, en un año electoral que apenas comienza.
Gastón Burlón estaba internado en Brasil desde el 12 de diciembre, luego de sufrir un hecho de inseguridad en medio de un paseo por el Cristo Redentor. La Cámara de Turismo de la ciudad patagónica confirmó su muerte.