Orán: Condenado por amenazas y lesiones a su pareja

El juez Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1 de Orán, dispuso la prisión preventiva del juez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de una Defensoría de Violencia de Género de la ciudad de Orán, Héctor Manuel Alderete, quienes se encuentran imputados por el delito de cohecho. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario del abogado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñó como secretario letrado de Parisi, hasta que su estado de salud permita su traslado a un establecimiento de detención, dado que padece trombosis.

La fiscal penal Claudia Geria tomó de oficio la investigación sobre lo ocurrido el martes, con las detenciones del abogado Álvaro Arias Camacho y la comunicadora Sol Villena, una noticia que se viralizó rápidamente al ser ambos integrantes de redes de defensa de derechos humanos y lograr avisar a sus contactos antes de quedar incomunicados.

En la audiencia del jueves, la defensora pública, Dra. Clarisa Galán, argumentó que "no hay pruebas directas" contra Catalino y sus hijos David y Santiago Bejarano, como argumento central de su pedido de absolución de los tres imputados por el crimen de Darío Monges. La próxima audiencia será el próximo jueves 5 de diciembre, cuando se escuchará el alegato del fiscal federal Eduardo Villalba.

Ocurrió el pasado 17 de enero, cuando provocó la muerte violenta de una mujer de 64 años con la que mantuvo una relación de pareja.

En la jornada de hoy, el camionero Héctor Romero, quien fue el último que la vio a la joven desaparecida, pidió declarar y negó todos los cargos, sin embargo, el fiscal federal Eduardo Villalba dice tener pruebas deductivas que indican que desde que la vio en Torzalito, la habría llevado rumbo a J.V. González, trayecto en donde la hizo desaparecer. Villalba dijo también que se han descartado cientos de avistamientos de María Cash por falsos. El fiscal habla a fondo del caso.

La extitular de la ADP y la actual tesorera del gremio estafaron a los afiliados con planes de vivienda que jamás se concretaron, usando un fideicomiso integrado por ellas mismas. También se consideró que malversaron fondos del gremio.