En una decisión unánime, el jurado de enjuiciamiento ha rechazado la denuncia presentada contra los jueces Ruben Arias Nallar y Luciano Martinini, miembros del tribunal de impugnación.
JUDICIALES11 de mayo de 2024 El Expreso de Salta
La medida se basa en el principio de que el contenido de una resolución judicial no puede ser motivo de destitución para los jueces que la firmaron. Es importante destacar que las leyes contemplan recursos contra las sentencias y deben ser presentados en los casos correspondientes, tal como ocurrió en el caso penal contra Santos Clemente Vera por las violaciones y homicidios de las turistas francesas.
Esta decisión actúa como una barrera contra cualquier intento de arbitrariedad y garantiza la independencia del Poder Judicial y de sus jueces. Además, se aclara que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Corte local sin cuestionar la actuación de los jueces del Tribunal de Impugnación ni pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de Santos Clemente Vera, ni sobre la realización de un nuevo juicio en el caso.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, señaló que la denuncia contiene múltiples imprecisiones y extrae conclusiones inexistentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En relación al caso de las turistas francesas, recordó que la familia Moumni y parte de la familia Bouvier solicitaron que el Tribunal de Impugnación condene a Vera. Además, destacó que los jueces Arias Nallar y Martini estaban facultados para ejercer su competencia positiva. García Castiella afirmó que la posibilidad de condenar en segunda instancia cuenta con aceptación jurídica general y que esta solución brinda una respuesta inmediata al justiciable, siendo más acorde a derecho que enviar el caso para un nuevo debate.
El Jurado de Enjuiciamiento intervendrá para examinar si los magistrados fundamentaron adecuadamente su competencia para proceder de esta manera.
Los jueces Liliana Snopek, Federico Diez y Mario Juárez Almaráz los condenaron a 45 años de prisión por el homicidio doblemente agravado de Darío Monges y por la venta de estupefacientes.
El acusado es un joven de 20 años de edad. Fue detenido este martes.
Los enfrentamientos de esta madrugada, entre bagalleros y efectivos de Gendarmería, dejó un muerto y tres heridos. Pero los choques continuaron en la mañana de hoy hasta el mediodía en la ciudad de Orán, en barrios colindantes a la ruta 50, como el populoso Caballito, donde viven muchos pasadores.
Un nuevo testigo aportó un dato coincidente con los puntos de búsqueda de los investigadores del caso. De acuerdo a este lugareño, hace tres o cuatro años atrás dijo haber visto restos óseos en una finca colindante con la RN16 y sospechan que podrían ser de la joven diseñadora desaparecida en 2011. Los rastrillajes no continuarán en lo inmediato pero si se realizaran allanamientos e incluso se podría llevar al lugareño para que brinde más precisiones del hallazgo.
El padre de la víctima aseguró que existen varias denuncias por violaciones contra esa misma persona. Además, dijo que su hija estaba amenazada de muerte por uno de los detenidos, quienes se dedicarían a distribuir drogas entre los jóvenes wichí.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta consideró probados que los hermanos David y Santiago Bejarano mataron a Darío Monges por un problema vinculado al narcotráfico, sin embargo el caso no parece estar resuelto.
El crimen del pasador de hojas de coca, Fernando Martín Gómez, de 27 años y padre de tres niños, desnudó que la celebración tuitera de la ministra Patricia Bullrich hablando de vencer a "violentos narcotraficantes" fue una brutal falacia. Gómez es el primer muerto de un plan improvisado sin estudio ni análisis social de la tensión que imprimen las fronteras, sino la prueba que la promocionada guerra de la ministra es contra la pobreza, que hace años reina en Orán y otras ciudades del norte provincial.
Fernando Martín Gómez era padre de tres niños y falleció durante un enfrentamiento entre bagayeros y gendarmes en la madrugada del miércoles, en la zona conocida como Puesto 28, un control de Gendarmería Nacional ubicado al norte de San Ramón de la Nueva Orán.
Los jueces Liliana Snopek, Federico Diez y Mario Juárez Almaráz los condenaron a 45 años de prisión por el homicidio doblemente agravado de Darío Monges y por la venta de estupefacientes.
El Licenciado en Higiene y Seguridad estuvo en De Buena Fuente, donde habló sobre el trabajo de PRECYT, una empresa dedicada a brindar servicios en materia de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
Pablo Casas y Eugenia Trigo conversaron con Marcela Jesús acerca de las empresas de diversos rubros con las que trabajan, enfocándose en garantizar que cumplan con el marco legal vigente y evitando así posibles infracciones o clausuras.