Sebastián Alejandro Cardozo
El abogado querellante por la Fundación Cintia Fernández, Pablo Tort dijo que después de haber transitado tres prórrogas de las audiencias de debate, finalmente este jueves 11 de mayo comenzará el juicio en la Sala VI. Además de la autoría del crimen, lo que se debatirá con mayor énfasis serán las responsabilidades de los operarios del 911 y policías que acudieron a la casa de Rosa Sulca cuando pidió ayuda porque la estaban matando. "Es lo más difícil de dilucidar hasta ahora y la verdad saldrá a la luz con todo lo que puedan aportar los expertos en la materia. Indudablemente que pudieron haber hecho más de lo que hicieron e incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos. Esta parte querellante reafirma este tema", indicó Tort.
El querellante aclaró que ante el pedido de auxilio expreso de la víctima, los policías tenían que haber entrado al domicilio pero no lo hicieron. En este mismo sentido, agregó que cualquier persona está facultada de poder entrar al domicilio de otra si es que escucha gritos porque puede evitar una tragedia. "La persona civil tiene la facultad de hacerlo y en este caso los policías tenían la obligación de hacerlo y no lo hicieron frente al pedido expreso de auxilio de Rosa Sulca. Se trata de cinco operadores del Sistema de Emergencias 911 y los dos policías que comparecieron personalmente al domicilio de Sulca", añadió.
En relación a la menor acusada de ser la autora material del homicidio, Tort explicó que asumió la responsabilidad del crimen y que tenía 17 años al momento del hecho. "Aparentemente la finalidad del crimen fue robar. La persona que alega la responsabilidad dice que padecía problemas de adicciones y que en virtud de eso procedió de esa forma. Hay una situación particular porque al ser menor al momento del hecho, tanto la Corte Interamericana como la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecieron que no se otorgar la prisión perpetua, pena correspondiente al caso típico de autos, sino una pena en grado de tentativa, es decir hasta 15 años de prisión. Se trata de un beneficio que debe otorgarse porque responde a los intereses superiores de los niños, niñas o adolescentes que van por encima de la persecución penal que prevé el Estado en coincidencia con la reinserción que persigue el sistema penal. Desde mi punto de vista no es así porque el sistema no esta hecho para eso sino como forma de castigo pero entiendo que es un beneficio conforme a los derechos del niño", afirmó.
Finalmente, el abogado querellante expresó que a los operarios del 911 y personal policial podrían corresponderles penas excarcelables por el delito que se les imputa. "Son penas de hasta dos años de prisión. Veremos en su momento si surge algún otro elemento en el transcurso del debate pero en principio, las penas que establece la ley son los máximos y no podemos hacer mucho por más que nos parezca poco", concluyó.
