La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez aceptó la competencia de la causa por el homicidio de Darío Monges y dio por formalizada la imputación penal contra Roberto Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago. De la investigación se desprende que todos vendían droga y que un faltante habría sido el detonante para el crimen con tintes mafiosos.
JUDICIALES 19 de octubre de 2022 De Buena Fuente
El Fiscal Eduardo Villalba, pudo analizar los últimos movimientos de Darío Monges, antes de aparecer con cinco disparos en la cabeza en barrio Circulo I. En este sentido, destacó su constante visitas al taller de motos de los Bejarano, en inmediaciones de la avenida Constitución Nacional y Vicente López, en el barrio Vicente Solá.
Villalba sostuvo que, desde un inicio, la investigación partió de la base en la cual la víctima y los acusados compartían actividades en la tenencia y comercialización de estupefacientes, negocio del cual -según algunos mensajes que se pudieron obtener- surgieron ciertas diferencias, lo que aparece evidenciado de manera directa respecto a un “faltante” de marihuana, en un cargamento que, al parecer, provino del norte de la provincia.
A ello, agregó que la sospecha hacia los Bejarano creció aún más cuando, al ser consultados respecto al paradero de Monges, negaron haberlo visto días antes del deceso y hasta afirmaron que hacía dos meses que no sabían nada del mismo.
Para echar por tierra la coartada de los acusados, el fiscal expuso una serie de pruebas obtenidas en base a un prolijo trabajo de inteligencia y de campo, el que permitió, con cámaras de video cercana al taller, precisar que “minutos antes de ese fatídico viaje a barrio El Círculo, el 1 de septiembre pasado, Monges estuvo en el taller de los Bejarano”.
En base a ello, la fiscalía imputó a Bejarano y sus dos hijos el delito de homicidio agravado por ser cometido con alevosía y el uso de arma de fuego, en concurso real con el de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Como botón de muestra, recordó que, en los distintos allanamientos realizados en torno a este crimen, se logró secuestrar envoltorios con marihuana en la pieza de uno de los hijos de Bejarano, lo que evidencia que la droga era común denominador en la vida de los acusados, aunque dejó abierta la puerta a que las actividades estén ligadas también al tráfico de cocaína.
Dada la gravedad del caso, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres imputados, lo que fue fundado en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, como así también en el hecho de que la escala penal prevista para los delitos imputados, impiden avizorar una condena de ejecución condicional.
En De Buena Fuente, con Marcela Jesús, el abogado defensor Néstor Holvert Martínez, sostuvo que recién se formalizó la acusación en base a un conjunto de indicios que tiene el Ministerio Público Fiscal pero que no tiene un sustento probatorio solido. "Mi cliente, David Bejarano, indica que no tiene absolutamente nada que ver con Monges y agrega que su padre y hermano tampoco tenían prácticamente contacto con la víctima", afirmó.
Finalmente, el defensor se refirió a las cámaras de seguridad y señaló que son elementos de pruebas indubitados a comparación del testimonio de un ser humano. "Efectivamente el vehículo circuló por el lugar donde está el taller de los Bejarano y luego se dirige hasta barrio Circulo I. De todos modos, es algo que solo los acerca a la familia a este homicidio pero no los hace autores materiales del hecho. La lógica indica que todo el mundo sabe de la existencia de cámaras en la Cuidad por lo que es ingenuo salir del domicilio y no tener en cuenta que quedará todo registrado si se va a abandonar un cuerpo", aseveró.
Se realizaron allanamientos en varias viviendas de villa San Antonio, en donde se secuestró más de 10 mil dosis de drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.
Julieta Nahir Siles fue encontrada sin vida en una obra en construcción en un barrio casi deshabitado de la ciudad de General Güemes, el domingo por la tarde. El cuerpo -según el informe del CIF- no presentaba lesiones externas que evidencien signos de violencia y se intuye que el deceso se habría producido por una arritmia, insuficiencia cardiorrespiratoria o muerte súbita. Sin embargo, familiares y amigos de Yuliana realizarán esta noche una marcha para pedir "Justicia por Yuli.
No sólo las inundaciones son noticias en La Silleta. También lo son por casos lamentables en fiestas de amigos. Una de ellas realizada el viernes terminó con varios amigos lamentando daños impensados por los concurrentes a esa fiesta que pintaron con aerosol todo lo que encontraron a su paso en la mencionada urbanización. Otra fiesta que terminó mal se desarrolló el sábado y se interrumpió cuando uno de los presentes, por razones que se tratan de establecer, recibió un disparo mortal en el pecho, con un arma reglamentaria. Hay tres detenidos: el agente propietario de la pistola Versa y otros dos amigos que participaban de esa insólita fiesta.
Era nada más y nada menos que el director de general de Juventud y Niñez de la Municipalidad y fue detenido cuando debía reunirse con un chico de 12 años en el Parque San Martín. Pero a esa reunión fueron los padres, que lo increparon y llamaron a la policía, que tras la denuncia, lo pusieron a disposición de la justicia. El domingo - para indignación de los padres y mayores investigaciones- el acusado fue liberado por la justicia.
El sábado, cerca del mediodía se dio a conocer el hallazgo del vehículo de Luis Quesada, el remisero de la localidad de Pichanal que salió de su casa el martes pasado, y no se sabe dónde está. Y que ahora es buscado por su familia y también por la policía.
Dos vehículos chocaron frontalmente en el camino de acceso al predio de la Virgen del Cerro. En uno viajaban dos mujeres, una de las cuelaes falleció cuando era atendida en el hospital. El conductor del otro vehículo, dio positivo de alcoholemia, quedó detenido por orden judicial.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.