
Sarmiento afirma tener pruebas de que Cruz autorizó la visita de Monges a la cárcel
Sebastián Alejandro Cardozo
Darío Monges apareció con cinco disparos en la cabeza, dentro de su vehículo, el pasado 3 de septiembre en barrio Circulo I. Meses antes, se había hecho pasar por abogado e integrante de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, para ingresar a la cárcel de Orán y dialogar con el sicario Alejandro "Cabezón" Díaz. Actualmente, la Justicia Federal investiga el crimen que está vinculado con organizaciones narco criminales mientras que en la Provincia todavía está la causa por la visita irregular de la víctima.
La Unidad Fiscal destinada a investigar la visita de Monges, encontró al director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, Angel Sarmiento, como presunto responsable de abuso de autoridad y de filtrar información reservadas en un medio de comunicación. El funcionario se abstuvo de declarar pero en los próximos días dará a conocer su versión de los hechos y apuntará directamente al por entonces, secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, como el responsable de autorizar esa visita irregular.
La abogada defensora, Sandra Domene, dijo en De Buena Fuente, que solicitó una nueva fecha de audiencia para que declare Sarmiento y se someta a responder preguntas. Además, se presenta a tres personas como testigos que pueden declarar antes o después de su cliente. En este mismo sentido, la abogada dijo que fue Benjamín Cruz, quien lo llamó por teléfono a Sarmiento para autorizar el ingreso de Monges a la cárcel, quien se presentó como un abogado auxiliar. "Era anormal la situación, intervino la directora del Servicio Penitenciario, Karina Torres y el director General, subprefecto Daniel Torres", aseveró.
Finalmente, Domene, agregó que Sarmiento tiene las pruebas que hacen a lo declarado oportunamente donde quedó imputado por abuso de autoridad ya que la fiscalía consideró de que no tenía la facultad para autorizar el ingreso de Monges, por otro lado, se le endilga la violación de secretos calificados en perjuicio de la administración publica cuando en realidad nadie lo notificó del secreto y tampoco era parte de un proceso penal.


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