Pese a que los vecinos se opusieron a la instalación de una fundidora de chatarra en una zona poblada de Cerrillos, y que el municipio convocara una audiencia pública no vinculante el pasado 31 de agosto, Metalnor S. A ya está funcionando pero no puede cavar el pozo para la fundición de metales ferrosos. El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, además informó que en el medio se interpuso un recurso de amparo dormido hace dos años y que además existen múltiples denuncias contra la empresa y la municipalidad.
DE BUENA FUENTE 23 de septiembre de 2022
Redacción El Expreso de Salta
Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, informó que Metalnor S. A no puede perforar el pozo para iniciar con la fundición de metales pese a que ya está instalada en La Isla, una zona bastante urbanizada. Los vecinos del lugar se habían opuesto fervientemente a la instalación por los daños ambientales y sobre la salud.
El Código de Agua establece que primero está el acceso al agua de la población y la normativa estable que se para desarrollar un proyecto de tal envergadura, se debían reunir previamente el ministerio de Salud Pública, el ministerio de la Producción, secretaría de Medio Ambiente, secretaría de Recursos Hídricos y el Ente Regulador de Servicios Públicos y para analizar el expediente entre todos y asegurarle a los vecinos sus derechos pero no sucedió así en este caso.
"Como no se hizo lo haremos nosotros y vamos a garantizar derechos, esas 14 mil familias tienen la seguridad que no se van a continuar con las obras y si lo hacen será violando la ley por lo que vamos a denunciar penalmente, en la justicia como corresponde. La plante puede continuar normalmente, eso como Ente no nos incide, lo que no pueden hacer es perforar un pozo, y la manera de controlar es con inspecciones que los debería hacer Recursos Hídricos, pero si no lo hacen no tenemos problemas", informó Saravia.
Este emprendimiento debería funcionar en el Parque Industrial de Güemes no en una zona tan urbanizada como lo es La Isla, "lo que entiendo es que el municipio de Cerrillos los dejó hacer un montón", denunció Saravia y afirmó que El Ente hace dos años interpuso un recurso de amparo que transita en el Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Nominación a cargo del Dr. Benjamín Pérez Cruz.
"Un amparo es urgente, pero que con tanta proliferación de amparos termine en dos o tres meses está bien, pero de ahí dos años es mucho. Esto tiene que ver con algunos abogados que no lo llevan con la velocidad que corresponde. También se han interpuesto denuncias penales y el fiscal Federico Portal las archiva. Ahora han designado dos fiscales para esto, Portal y Vidal, pero está claro que está vigente el reclamo y el reproche, acá todavía no se estableció si hubo algún compromiso ambiental o si se violaron leyes ambientales. No podemos cerrar causas como si nada. Por otro lado han interpuesto múltiples denuncias contra la municipalidad", afirmó el funcionario.
Finalemente agregó que no se puede continuar adelante en tanto no se presente el estudio de impacto ambiental, "el desemboque de esta audiencia pública no puede continuar y lo vamos a notificar a la Municipalidad porque no hubo la previa que manda el decreto provincial que dice que había que coordinar entre los organismos que ya se nombraron. Como no existió no se puede avanzar", cerró.
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El activista contra la inseguridad vial indicó que siguen trabajando por la memoria de sus seres queridos, pero no tienen recursos. El grupo realiza señalizaciones en la vía pública como una herramienta para concientizar sobre las muertes viales.
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El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.