El juez Ángel Amadeo Longarte, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, dio a conocer los fundamentos de la condena de prisión perpetua impuesta a Franco Rodrigo Gaspar Cinco por resultar autor penalmente responsable de haber envenenado y dar muerte a su pareja Alejandra Parraga y al hijo. El magistrado fue contundente al acreditar la planificación del hecho, la conducta psicópata del asesino y destacó la intención de culpar a la víctima.
JUDICIALES15 de mayo de 2018
Sebastián Alejandro Cardozo
“Se acreditó ampliamente no sólo la materialidad sino también la responsabilidad penal del acusado quien presenta un expediente de personalidad muy especial, como un psicópata de manual, clásico, con una gran capacidad de planificación, pero dejando señas, no como un descuido, sino más bien como una necesidad subconsciente”, dice parte del fundamento.
Luego, Longarte continúa: “Si bien la argumentación del acusado y su defensor técnico fue medida, fue construida sobre elementos negativos de la imputación de poca valía y formulando explicaciones poco creíbles y carentes de toda lógica, pretendiendo volcar la responsabilidad en la propia víctima, construyendo una versión estrambótica de la preparación de un estado de descomposición del menor para que sea contenido por sus abuelos para de esa forma proyectarse a un futuro pródigo, la relación de víctima y victimario”.
“Es más, se argumentó que fue Alejandra quien habría preparado el elemento de gran toxicidad para dárselo a su hijo. Esa construcción es un castillo de naipes, que la propia experiencia, el sentido común y la sana crítica racional con la que se debe valorar la prueba, se encargaron de hacer caer”.
Finalmente, en su fallo, el juez ordenó que el imputado continúe alojado en la Unidad Carcelaria local y que se le realice la extracción de material genético (ADN) para su incorporación al Banco de Datos Genéticos, previa asignación del DUIG por el Registro provincial de condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.
Un hombre de 37 años fue condenado por agredir verbal y físicamente a su pareja en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán el 3 de septiembre del año pasado. El hecho se desencadenó en el domicilio que tenía la pareja.
El juez Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1 de Orán, dispuso la prisión preventiva del juez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de una Defensoría de Violencia de Género de la ciudad de Orán, Héctor Manuel Alderete, quienes se encuentran imputados por el delito de cohecho. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario del abogado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñó como secretario letrado de Parisi, hasta que su estado de salud permita su traslado a un establecimiento de detención, dado que padece trombosis.
La fiscal penal Claudia Geria tomó de oficio la investigación sobre lo ocurrido el martes, con las detenciones del abogado Álvaro Arias Camacho y la comunicadora Sol Villena, una noticia que se viralizó rápidamente al ser ambos integrantes de redes de defensa de derechos humanos y lograr avisar a sus contactos antes de quedar incomunicados.
En la audiencia del jueves, la defensora pública, Dra. Clarisa Galán, argumentó que "no hay pruebas directas" contra Catalino y sus hijos David y Santiago Bejarano, como argumento central de su pedido de absolución de los tres imputados por el crimen de Darío Monges. La próxima audiencia será el próximo jueves 5 de diciembre, cuando se escuchará el alegato del fiscal federal Eduardo Villalba.
Ocurrió el pasado 17 de enero, cuando provocó la muerte violenta de una mujer de 64 años con la que mantuvo una relación de pareja.
En la jornada de hoy, el camionero Héctor Romero, quien fue el último que la vio a la joven desaparecida, pidió declarar y negó todos los cargos, sin embargo, el fiscal federal Eduardo Villalba dice tener pruebas deductivas que indican que desde que la vio en Torzalito, la habría llevado rumbo a J.V. González, trayecto en donde la hizo desaparecer. Villalba dijo también que se han descartado cientos de avistamientos de María Cash por falsos. El fiscal habla a fondo del caso.
Para la Corte de Justicia de Salta, las personas condenadas y con sentencia firme en segunda instancia, no podrán ser candidatos a cargos provinciales o municipales en la provincia. Así lo determinó en un dictamen con el que rechazó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley 8275 y su reforma por ley 8443. Por ejemplo, con esta resolución, Cristina no podría ser candidata hasta tanto se resuelva su apelación a la Corte Suprema.
La fiscal penal Claudia Geria tomó de oficio la investigación sobre lo ocurrido el martes, con las detenciones del abogado Álvaro Arias Camacho y la comunicadora Sol Villena, una noticia que se viralizó rápidamente al ser ambos integrantes de redes de defensa de derechos humanos y lograr avisar a sus contactos antes de quedar incomunicados.
Tal como lo adelantó el Secretario de Tránsito, Matías Assennato, que a partir del lunes 2 de diciembre, Salta pondrá en marcha su sistema de fotomultas con más de 20 dispositivos electrónicos instalados en puntos estratégicos de la ciudad. Estos controles buscan mejorar la seguridad vial y reducir accidentes, pero también implican un mayor control para los conductores.
Pablo Tort recordó las medidas que se tomaron durante los primeros meses de la investigación por la desaparición de María Cash, que ocurrió en Salta en el año 2011.
En una amplia investigación desplegada a partir de denuncias por operaciones de compraventa de terrenos en un loteo del municipio de Campo Santo, se concretaron secuestros de elementos y documentación probatoria.