La información aportada por una testigo de identidad reservada fue lapidaria para Franco Rodrigo Gaspar Cinco, acusado de matar a Alejandra Párraga y al hijo de la joven. Esta persona afirmó que el imputado estaba enamorado de su víctima pero que no soportaba y “odiaba” al hijo. Lo veía como un obstáculo y por eso planificó como eliminarlo. “Compró un polvo blanco y lo puso en la botella que tomó el niño”, aseveró la testigo.
JUDICIALES26 de abril de 2018
Sebastián Alejandro Cardozo
Se trata de una tarotista que en seis meses se volvió una confidente para Gaspar Cinco. Se la había presentado la misma madre del imputado y ambos concurrían a la santería que tiene esta mujer. Con el tiempo, Franco fue ganando confianza y le contaba todo lo que le sucedía como si fuera una especie de psicóloga que le mostraba y decía lo que necesitaba.
“Me contó que había conocido al amor de su vida, que se sentía solo hasta que conoció a Alejandra pero el problema era que tenía un hijo. No lo podía manejar pese a que él también tiene un niño. Dijo que no lo aguantaba y lo odiaba, que quería que se quede a vivir con sus abuelos y llevarse a la chica a la casa de sus padres. Le recomendé que se aleje de esa relación”; explicó la testigo.
Luego, la mujer explico que Gaspar Cinco iba dos veces por semana a verla, generalmente cuando algo le afligía pero que en la semana anterior al hecho, la había visitado más de lo normal. “Estaba raro, me dijo que le dolía el pecho, lloraba mucho, no dormía ni comía pensando que debía hacer algo con respecto al niño”, aseveró. Ella le volvió a aconsejar que termine la relación porque no podía separar a la madre de su hijo y después no supo más de él.
El 5 de junio, cerca de las 16 horas, Franco llamó a su confidente y le dijo que el niño estaba enfermo y que no quería tomar el medicamento. Por ese motivo, él había llevado agua bendita y se la dio a la madre para que alivie su dolor. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba y fallecieron la madre y el hijo. Al día siguiente fue a ver a su amiga de confianza. Ella le dijo: ¿Qué hiciste Franco? El respondió: Fui a tal lugar a comprar un polvo blanco, creo que cianuro y lo puse en la botella de agua. ¿Qué sentís? Preguntó la mujer y Gaspar Cinco sostuvo: “Me preocupa mi trabajo y lo que pensará mi familia”.
Finalmente, la testigo reservada, expresó que ante la confesión de Franco, le pidió que dijera la verdad ante las autoridades pero no lo hizo y se fue al velorio de sus víctimas. Inmediatamente, ella se comunicó con la fiscalía y dijo lo que sabía ya que se trataba de un crimen sumamente terrorífico.
Un hombre de 37 años fue condenado por agredir verbal y físicamente a su pareja en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán el 3 de septiembre del año pasado. El hecho se desencadenó en el domicilio que tenía la pareja.
El juez Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1 de Orán, dispuso la prisión preventiva del juez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de una Defensoría de Violencia de Género de la ciudad de Orán, Héctor Manuel Alderete, quienes se encuentran imputados por el delito de cohecho. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario del abogado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñó como secretario letrado de Parisi, hasta que su estado de salud permita su traslado a un establecimiento de detención, dado que padece trombosis.
La fiscal penal Claudia Geria tomó de oficio la investigación sobre lo ocurrido el martes, con las detenciones del abogado Álvaro Arias Camacho y la comunicadora Sol Villena, una noticia que se viralizó rápidamente al ser ambos integrantes de redes de defensa de derechos humanos y lograr avisar a sus contactos antes de quedar incomunicados.
En la audiencia del jueves, la defensora pública, Dra. Clarisa Galán, argumentó que "no hay pruebas directas" contra Catalino y sus hijos David y Santiago Bejarano, como argumento central de su pedido de absolución de los tres imputados por el crimen de Darío Monges. La próxima audiencia será el próximo jueves 5 de diciembre, cuando se escuchará el alegato del fiscal federal Eduardo Villalba.
Ocurrió el pasado 17 de enero, cuando provocó la muerte violenta de una mujer de 64 años con la que mantuvo una relación de pareja.
En la jornada de hoy, el camionero Héctor Romero, quien fue el último que la vio a la joven desaparecida, pidió declarar y negó todos los cargos, sin embargo, el fiscal federal Eduardo Villalba dice tener pruebas deductivas que indican que desde que la vio en Torzalito, la habría llevado rumbo a J.V. González, trayecto en donde la hizo desaparecer. Villalba dijo también que se han descartado cientos de avistamientos de María Cash por falsos. El fiscal habla a fondo del caso.
Para la Corte de Justicia de Salta, las personas condenadas y con sentencia firme en segunda instancia, no podrán ser candidatos a cargos provinciales o municipales en la provincia. Así lo determinó en un dictamen con el que rechazó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley 8275 y su reforma por ley 8443. Por ejemplo, con esta resolución, Cristina no podría ser candidata hasta tanto se resuelva su apelación a la Corte Suprema.
La fiscal penal Claudia Geria tomó de oficio la investigación sobre lo ocurrido el martes, con las detenciones del abogado Álvaro Arias Camacho y la comunicadora Sol Villena, una noticia que se viralizó rápidamente al ser ambos integrantes de redes de defensa de derechos humanos y lograr avisar a sus contactos antes de quedar incomunicados.
Tal como lo adelantó el Secretario de Tránsito, Matías Assennato, que a partir del lunes 2 de diciembre, Salta pondrá en marcha su sistema de fotomultas con más de 20 dispositivos electrónicos instalados en puntos estratégicos de la ciudad. Estos controles buscan mejorar la seguridad vial y reducir accidentes, pero también implican un mayor control para los conductores.
El abogado de la familia de María Cash estuvo en De Buena Fuente, donde habló sobre la investigación que se lleva adelante tras reabrirse el caso por la desaparición de la diseñadora de indumentaria.
Pablo Tort recordó las medidas que se tomaron durante los primeros meses de la investigación por la desaparición de María Cash, que ocurrió en Salta en el año 2011.