INADI cerrará sus puertas: El Gobierno Nacional toma medidas drásticas
En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Adorni afirmó que el Gobierno está comprometido con la reducción del gasto público y la eliminación de organismos que no cumplen con su función de manera eficiente. En este sentido, el INADI, con cerca de 400 empleados y decenas de oficinas en todo el país, se encuentra en la mira del Gobierno por ser considerado una "gran caja de la política". Adorni también señaló que muchas veces este tipo de instituciones son dirigidas por funcionarios de dudosa idoneidad.
El vocero presidencial destacó que el presidente Milei está decidido a cerrar o desmantelar aquellos organismos que no aportan valor a la sociedad. La prioridad del Gobierno es achicar el Estado para poder bajar impuestos y mejorar la eficiencia en la administración pública. A pesar de los tiempos burocráticos que pueden demorar el cierre del INADI, Adorni aseguró que el Gobierno está comprometido con llevar adelante esta medida.
El anuncio del cierre del INADI se produce luego de que el Gobierno prorrogara por 180 días la intervención del organismo, a cargo de María de los Ángeles Quiroga. Esta medida, oficializada a través del Decreto 167/2024, fue firmada por el Presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La intervención del INADI fue dispuesta en junio de 2011.
Según la información oficial, el INADI tiene como objetivo elaborar políticas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, promoviendo una sociedad diversa e igualitaria. Sin embargo, el Gobierno considera que el organismo no está cumpliendo eficazmente con su misión y por eso ha decidido avanzar en su cierre definitivo.
El Instituto se creó en 1995 tras la sanción de la Ley 24515 y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. Actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Adorni aseguró que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, pero no pudo especificar si el proceso se realizaría por decreto o a través de un proyecto de ley que debe convalidar el Congreso.