La interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, contó que durante el mes de agosto se llevó a cabo en el Concejo Deliberante un plenario, donde participaron los referentes de las ferias, los ediles y el Ejecutivo Municipal para resolver el traslado de los puestos del Parque San Martín, cuya concesión terminaba, en principio, el 31 de diciembre de este año. 

Los feriantes no quieren abandonar ese lugar porque sostienen que la venta en cualquier otro lugar puede decaer, o no pueden pagar alquileres más altos, entre otros aspectos, y elevaron el pedido de amparo al Concejo Deliberante, quienes aprobaron una prórroga de extensión por un año más, decreto que puede ser borrado de un plumazo por el Ejecutivo, ya que la primera ordenanza los facultaba para intervenir en caso de ser necesario. 

"Ellos delante de los concejales admitieron que construyeron más puestos de los permitidos porque había gente que los necesitabas, dijeron que eran 10, pero en noviembre nos encontramos que eran 7 los subdivididos  y un anexo, que lo llaman Anexo I, con 16 puestos nuevos donde la mayoría de los productos que comercializan son de comida al paso, que tampoco se puede. La ordenanza solo permitía artesanía, juguetería, productos que no superen las 30 unidades tributarias y hoy hasta venden celulares de alta gama", denunció Pontussi entre algunas irregularidades que detectaron los inspectores que labraron el informe por pedido del cuerpo de ediles.  

Dichas irregularidades pueden comprenderse en un contexto, el control de los puestos y todo lo que ocurría allí era competencia del Gabinete Ejecutivo de Bettina Romero, pero con el argumento de que la estadía de los feriantes estaba terminando los controles fueron insuficientes, a tal punto que ocurrió el crimen de un joven bajo la lupa del municipio en peleas intestinas por lugares. "Hacemos mea culpa, pero entendiendo que el 31 se iban, entonces los pedidos eran disuasivos para evitar más conflictos . Se contestó el pedido de informe y  lo discutimos en el Concejo, y allí admitieron que habían tenido que hacer más locales porque tenían que pagar el mantenimiento, el sereno y el mantenimiento de los baños", añadió la funcionaria. 

Respecto a la edificación de estos nuevos locales Pontussi apuntó directamente contra Walter Godoy delegado general del Sindicato Único de Feriantes de la República Argentina y Ulises Alvarado, presidente de la Asociación de Artesanos Originarios “Gral. Martín Miguel de Güemes”, "ellos dijeron que tenían una lista de espera para quienes querían ingresar a la feria y eso tampoco se podía, solo para los que estaban en la ordenanza originaria. Entonces ellos explicaban que cuando uno de los que ya estaban, ellos les daban permiso a los nuevos para instalarse. Los referentes, Godoy y Ulises Alvarado, dijeron que necesitaban la plata para pagar". 

Godoy manifestó en la reunión con el cuerpo de ediles que aquella ordenanza establecía que el propio municipio debía colocar un administrador pero no lo hicieron, en su momento fue Marcelo Oliver, después Marcelo Abud, que se jubiló el año pasado, entonces a lo largo del 2022 ese puesto estuvo acallo. Ponstussi corroboró esto, "hace maso menos un año que no hay administrador pero como se iban a fin de año, lo hacíamos nosotros porque el administrador solo le acercaba la boleta del cobro de ARMSA para los impuestos", explicó. 

"Las discusiones con los feriantes del parque siempre terminan de la misma manera, cuando no aceptan cortan la calle. Todas las veces que hemos hablado con Godoy termina palabras más y palabras menos en la misma situación", concluyó.