En julio del año pasado un hombre de la tercera edad denunció a una escribana y su nieta, con quien había perdido contacto hace más de catorce años, según expresó. Dijo que no tenía vínculo con su nieta ni con su familia por la distancia y discusiones que surgieron entre ambas partes. Sin embargo, en noviembre de 2018 la nieta se presentó con la supuesta intención de restablecer el vínculo familiar, lo que se repitió en reiteradas oportunidades.
De esa manera fue logrando tener la confianza del denunciante y su cónyuge, pues los visitaba para tomar mates y charlar. Según denunció el anciano, en una ocasión la nieta le preguntó sobre el estado de los papeles de su vivienda y ambos le manifestaron que contaban con una porción hereditaria.
A partir de allí las visitas fueron más seguidas. Tanto así que los acompañaba a realizar trámites en el centro de la ciudad, tareas domésticas e incluso visitas al médico y actividades sociales, por la complejidad que implicaba para ellos hacerlo de manera independiente.
Desde abril del año pasado, la joven comenzó a sugerirle a su abuelo que le firmara un poder con fines asistenciales de control y protección. Logró convencerlo de ir a una escribanía donde la notaria, luego de reunirse con su nieta, lo hizo pasar para hacerle una par de preguntas a fin de que luego firmara un documento. No le explicó el contenido ni le dio una copia.
Al volver a casa, su pareja, Gercy Socorro Rabaiotti, actualmente fallecida, le hizo ver que también debería haber accedido a una copia del documento firmado, por lo que al volver a la escribanía la profesional solo le dijo que podía darle una copia simple. Así se dieron cuenta que había firmado una constancia por la cual donaba sus acciones y derechos hereditarios de su vivienda.
El recibir la denuncia, la fiscalía pidió diversos informes de la Dirección General de Inmuebles y sumó declaraciones testimoniales, entre otros elementos a través de los cuales logró fundamentar las acusaciones en contra de la nieta del damnificado y la escribana. Fueron identificadas como Paula Betiana Arancibia y María Virginia Flores, respectivamente, a quienes se les imputó la supuesta comisión del delito de defraudación por suscripción engañosa de documento y falsedad ideológica.
