Así lo afirmó el fiscal Ramiro Ramos Osorio, quien interviene en la causa contra Franco Rodrigo Gaspar Cinco, acusado de haber envenenado con cianuro a su pareja Alejandra Párraga y a su hijo. A casi un mes de que comience la audiencia de debate, Ramos Osorio le contó a El Expreso que buscará que lo condenen a prisión perpetua y sostendrá la figura de femicidio.
JUDICIALES15 de marzo de 2018 Edición Impresa
Del 20 de abril al 4 de mayo de 2018 se desarrollará en la Sala II del Tribunal de Juicio la audiencia de debate en la causa seguida contra Franco Rodrigo Gaspar Cinco. El juicio unipersonal estará a cargo del juez Ángel Amadeo Longarte. Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal penal de la UGAP 4, Ramiro Ramos Osorio. La defensa del imputado estará en manos de Luis María Agüero Molina.
Según consta en la causa, el 5 de junio de 2017, Gaspar Cinco le entregó a su pareja, Alejandra Párraga, una botella diciéndole que contenía agua bendita para el menor. En su interior, tenía agua con veneno. Ambas víctimas fallecieron esa misma tarde luego de ingerir el líquido. Además, de testimonios aportados en la causa, se supo que el 25 de mayo de ese mismo año, Gaspar Cinco ya había intentado matar al menor empujándolo al Dique Cabra Corral.
Para Ramiro Ramos Osorio, es un hecho que claramente tiene unas connotaciones muy particulares que tiene que ver con un mecanismo de muerte poco usual y del que casi no se tiene registro en la jurisprudencia argentina, salvo uno o dos casos donde el victimario utilizó cianuro para ultimar a un niño y a quien era su pareja.
“Lógicamente es un juicio que esperamos con gran expectativa y confiamos que se arribe a un resultado condenatorio en los términos en los que fue solicitado, es decir, una pena perpetua es lo que le cabe por el tipo de acción”, sostuvo Ramos Osorio.
Consultado sobre la figura del femicidio, algo que se discutió al conocerse el caso, el fiscal explicó que hay una variante que pondrá a consideración del tribunal y que tiene que ver con la conexión del por qué quería matar al hijo de la joven. Podría ser por una decisión de ultimar al niño por sí mismo o en realidad, a quien quería perjudicar era a Alejandra Párraga.
“Es un femicidio que puede ser conexo e implica, no la muerte de ella sino la del niño, también es considerado como tal y por lo tanto se pondrá a consideración ya que entiendo que si hay femicidio además de los agravantes del uso de veneno y la relación de pareja preexistente”, aseveró.
Luego, Ramos Osorio comparó el caso con el de Yiya Murano, acusada de al menos tres cargos de homicidio, porque el mecanismo de muerte verificado fue el cianuro aunque esa persona sufrió otro tipo de condena ya que se preveía una pena diferente y en el caso de Gaspar Cinco, le tocaría prisión perpetua.
Por último, el letrado manifestó que el imputado tuvo muchas oportunidades para hacer su descargo, incluso en jornadas que se extendieron por nueve o diez horas en sede de la fiscalía donde él mismo manifestaba que deseaba leer los contenidos de su celular y de la conversación mantenida con la víctima para así poder brindar su versión de los hechos pero no lo hizo y el proceso judicial continuó hasta llegar a juicio.
Un hombre de 37 años fue condenado por agredir verbal y físicamente a su pareja en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán el 3 de septiembre del año pasado. El hecho se desencadenó en el domicilio que tenía la pareja.
El juez Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1 de Orán, dispuso la prisión preventiva del juez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de una Defensoría de Violencia de Género de la ciudad de Orán, Héctor Manuel Alderete, quienes se encuentran imputados por el delito de cohecho. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario del abogado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñó como secretario letrado de Parisi, hasta que su estado de salud permita su traslado a un establecimiento de detención, dado que padece trombosis.
La fiscal penal Claudia Geria tomó de oficio la investigación sobre lo ocurrido el martes, con las detenciones del abogado Álvaro Arias Camacho y la comunicadora Sol Villena, una noticia que se viralizó rápidamente al ser ambos integrantes de redes de defensa de derechos humanos y lograr avisar a sus contactos antes de quedar incomunicados.
En la audiencia del jueves, la defensora pública, Dra. Clarisa Galán, argumentó que "no hay pruebas directas" contra Catalino y sus hijos David y Santiago Bejarano, como argumento central de su pedido de absolución de los tres imputados por el crimen de Darío Monges. La próxima audiencia será el próximo jueves 5 de diciembre, cuando se escuchará el alegato del fiscal federal Eduardo Villalba.
Ocurrió el pasado 17 de enero, cuando provocó la muerte violenta de una mujer de 64 años con la que mantuvo una relación de pareja.
En la jornada de hoy, el camionero Héctor Romero, quien fue el último que la vio a la joven desaparecida, pidió declarar y negó todos los cargos, sin embargo, el fiscal federal Eduardo Villalba dice tener pruebas deductivas que indican que desde que la vio en Torzalito, la habría llevado rumbo a J.V. González, trayecto en donde la hizo desaparecer. Villalba dijo también que se han descartado cientos de avistamientos de María Cash por falsos. El fiscal habla a fondo del caso.
Para la Corte de Justicia de Salta, las personas condenadas y con sentencia firme en segunda instancia, no podrán ser candidatos a cargos provinciales o municipales en la provincia. Así lo determinó en un dictamen con el que rechazó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley 8275 y su reforma por ley 8443. Por ejemplo, con esta resolución, Cristina no podría ser candidata hasta tanto se resuelva su apelación a la Corte Suprema.
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Tal como lo adelantó el Secretario de Tránsito, Matías Assennato, que a partir del lunes 2 de diciembre, Salta pondrá en marcha su sistema de fotomultas con más de 20 dispositivos electrónicos instalados en puntos estratégicos de la ciudad. Estos controles buscan mejorar la seguridad vial y reducir accidentes, pero también implican un mayor control para los conductores.
Pablo Tort recordó las medidas que se tomaron durante los primeros meses de la investigación por la desaparición de María Cash, que ocurrió en Salta en el año 2011.
En una amplia investigación desplegada a partir de denuncias por operaciones de compraventa de terrenos en un loteo del municipio de Campo Santo, se concretaron secuestros de elementos y documentación probatoria.