La situación fue visibilizada por Laurentina Nicasio, presidenta de la Fundación Jualá de General Ballivián, quien recopiló los testimonios de las familias afectadas pertenecientes a diversas comunidades del Pueblo Wichí —tales como Quebrachal, Lagunita, Tres Lapachos, Algarrobita y Tres Pozos, entre otras—.
De acuerdo con el relato de las madres, los menores caídos en la adicción se ven expuestos a graves vejaciones debido a la imposibilidad de pagar por las sustancias. "Hay robos masivos y abusos sexuales entre varones", expresó Nicasio, señalando que los propios jóvenes relatan estas situaciones de sometimiento ante la falta de respuestas institucionales.
Asimismo, advirtieron sobre la aparición de nuevas sustancias de fabricación casera e insumos accesibles que generan un deterioro drástico en la conducta y salud de los chicos, al punto de dejarlos tendidos y con fuertes convulsiones en la vía pública. El problema, que anteriormente afectaba a niños de unos ocho años, ahora abarca a menores de edad aún más pequeños y a adolescentes mujeres.
La denuncia colectiva apunta directamente contra una decena de presuntos proveedores de drogas —algunos residentes en los propios parajes y la mayoría radicados en zonas urbanas—. Sin embargo, las comunidades denuncian una total inacción por parte de las dependencias policiales locales, donde aseguran que sistemáticamente se niegan a recibirles las denuncias contra los dealers.
Este clima de desesperación e indignación estuvo a punto de desencadenar hechos de violencia extrema, como la quema de viviendas de los presuntos narcotraficantes, un recurso de justicia por mano propia que ya se ha registrado en otras poblaciones originarias de la provincia frente al avance del narcotráfico. Por ahora, las familias exigen la intervención urgente de funcionarios judiciales y provinciales para frenar la venta de estupefacientes en los territorios originarios.
