La sentencia fue dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez Maximiliano Troyano. Por su parte, la acusación y representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del fiscal penal interino de Violencia Familiar y de Género N.º 2, Ramiro Ramos Ossorio.
Durante el proceso de instrucción, cuatro de los hijos declararon ante la Justicia y expusieron el impacto directo de la falta de asistencia económica, detallando las graves dificultades cotidianas que debió afrontar su madre para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y vestimenta.
Como parte de las pruebas incorporadas al expediente, la fiscalía presentó un informe bancario que confirmó que la cuenta judicial destinada al depósito de los alimentos no registraba movimientos desde 2014 y se encontraba en saldo cero, además de sumar resoluciones del fuero de Familia y constancias del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Si bien durante la audiencia el imputado argumentó haber realizado entregas informales de dinero y haber atravesado periodos de desempleo, el fiscal remarcó que dichas circunstancias no lo eximían de su responsabilidad legal y del deber alimentario hacia sus hijos.
Además de la pena condicional, el juez le impuso al condenado el cumplimiento de estrictas reglas de conducta durante el plazo de dos años. Entre ellas, deberá:
Fijar domicilio y notificar cualquier modificación.
Abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.
No cometer nuevos delitos.
Someterse a un tratamiento psicológico, en caso de que una evaluación profesional así lo determine.
Acreditar de manera fehaciente el ejercicio de una actividad laboral o de capacitación.
