El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se reanuda este lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 con la continuación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces. En la última audiencia, el fiscal Diego Velasco expuso la hipótesis de la fiscalía sobre el circuito de dinero que, según la acusación, fluía desde empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo hacia la familia Kirchner a través de contratos de alquiler con la inmobiliaria.
La Fiscalía calificó el esquema como una “compleja maniobra delictiva” mediante la cual, a su criterio, los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner habrían montado una matriz de corrupción para enriquecer de forma ilegítima a empresarios vinculados y a la propia familia. En Los Sauces, la acusación investiga lavado de activos a través de una estructura inmobiliaria y hotelera que, según el planteo, utilizaba alquileres para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.
El mecanismo descrito apunta a que los Kirchner beneficiaron a empresas de Báez y del Grupo Indalo con contratos del Estado Nacional y que parte de ese dinero retornaba a la familia mediante Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo. Con esos fondos, la inmobiliaria adquirió propiedades, hoteles y terrenos que luego se pusieron a disposición de las mismas empresas a través de contratos de alquiler.
“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, señaló la Fiscalía.
Cristina Kirchner cedió todas sus propiedades a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, incluido el Hotel Alto Calafate,, Hotesur y Los Sauces. (Foto: NA)
Según el requerimiento, el 88% de la facturación de Los Sauces correspondía a sus “empresarios amigos”: un 65% provenía de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia (Grupo Indalo) y un 23% del Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.
Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a estos grupos $25.968.042,30 en alquileres de propiedades y hoteles, calificados en la acusación como “innecesarios” o por encima de valores de mercado. En ese período, el patrimonio neto de la inmobiliaria se incrementó más de un 12.000%, de $100.000 a $12.122.430,26.
La Fiscalía ubicó el origen de los fondos en dos vertientes: para Báez, dinero de “la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz”, en el marco de la causa Vialidad; para López y De Sousa, fondos obtenidos por dádivas en contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos
El fiscal también advirtió irregularidades en adquisiciones, entre ellas un terreno en El Calafate comprado a $7,50 el metro cuadrado, pagado más de un año después y sin escriturar ni registrar. Departamentos en Madero Center de Puerto Madero adquiridos con dinero personal de Néstor Kirchner e incorporados luego a Los Sauces, y un terreno vendido por Austral Construcciones que la acusación califica como compraventa simulada para ocultar una donación de Báez.
La lista incluye el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, que fue comprado en 2015 por USD 370.000 y pagado con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES).
