Redacción El Expreso de Salta
El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de revisión de prisión preventiva de Diego Fernando Burgos, imputado por comercialización de estupefacientes y detenido desde el pasado 8 de abril.
Luego de conocer las pruebas reunidas por la Fiscalía, Burgos admitió su responsabilidad penal en el hecho y las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado por el que el acusado fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. El acuerdo fue homologado por el juez Pablo Zerdán.
La intervención de la UFINAR se inició a finales de enero de 2026 cuando, tras recibir una denuncia anónima que señalaba la posible venta de sustancias ilícitas en una vivienda de Villa Chartas, el fiscal Torres Rubelt dispuso que se iniciara una investigación.
A partir de entrevistas con vecinos de la zona y distintas tareas de campo, se pudo determinar que el acusado residía en una vivienda, pero también pasaba gran parte de su tiempo en otra del mismo barrio. Hasta allí llegaban consumidores quienes, mediante silbidos o golpes, se contactaban con él y otro hombre.
Posteriormente, les entregaban paquetitos de polietileno a cambio de dinero, maniobras que fueron registradas mediante fotografías y videos. Además, tras demorar a los compradores, los investigadores constataron que transportaban envoltorios con pasta base de cocaína.
La investigación también permitió determinar que el segundo involucrado es hijo de la propietaria de una de las viviendas y colaboraba en la actividad investigada a cambio de estupefacientes para consumo personal.
Con la información reunida, desde UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento para ambos domicilios, medida que tuvo lugar el 8 de abril. Durante los procedimientos se secuestraron 52 envoltorios con cocaína, un frasco con marihuana, dos balanzas grameras, dos equipos de comunicación (handys), municiones calibre 9 mm y dinero en efectivo.
Las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial y los informes incorporados a la causa resultaron elementos probatorios relevantes para acreditar la responsabilidad penal del acusado.
