La decisión se tomó luego de la apertura de un proceso sancionatorio, la realización de una audiencia conciliatoria y el dictado de medidas cautelares tendientes a mitigar la polución generada por la instalación precaria de una planta de tratamiento no adaptada a las reales necesidades de los 1800 lotes del barrio que se dividen las dos etapas. También fue intimada hace unos meses para que presentara un nuevo plan de digestión de los líquidos cloacales, lo que tampoco cumplió de manera eficiente.
De manera solidaria fue sancionada la empresa Industrias Clark SRL que ilegalmente fue contratada en 2022 para procesar los efluentes, y que ahora quedó inhabilitada y con prohibición expresa de seguir operando en Vía Aurelia.
Ambos sancionados carecen de título habilitante para operar el servicio de saneamiento en el barrio y tampoco fueron autorizados por la Secretaría de Recursos Hídricos para el vuelco de deshechos cloacales en el río.
Los análisis físico-químicos que respaldan la sanción se corresponden con vuelco posterior de crudo cloacal al Río Arenales cuya situación se mantiene judicializada desde hace más de 17 años con un amparo y por la que también interviene el área ambiental de la Procuración General por eventual incursión en delito.
Vía Aurelia, operada por el grupo MDay, se encuentra en estas condiciones desde hace aproximadamente cuatro años, período en el cual la Municipalidad de Salta le revocó el certificado de aptitud ambiental y le prohibió la solución de vuelco al Río Arenales. En los últimos días han proliferado las quejas de vecinos por olores nauseabundos en el lugar y pedidos de informes en el Concejo Deliberante de Salta. De allí que el organismo regulatorio también dispuso medidas para garantizar la información adecuada y veraz de los residentes y los dueños de los lotes.
La multa, que equivale al 10% del máximo que puede imponer el ENRESP, será destinada a acciones de saneamiento del cuerpo de agua contaminado y políticas de educación ambiental.
El Ente advierte que Vía Aurelia, además de la deficiente operación del sistema depurador comprometió bienes colectivos de máxima relevancia constitucional, tales como la salud pública, la calidad ambiental y la seguridad sanitaria de usuarios y terceros potencialmente afectados.
