La justicia federal intensificó la investigación contra Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del exjefe de Gabinete, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. El magistrado Daniel Rafecas dispuso medidas clave para auditar el patrimonio del legislador, bajo la sospecha de que adulteró de manera deliberada sus declaraciones juradas. La mira está puesta especialmente en su presentación del año 2025, la cual registró tres modificaciones consecutivas tras el inicio de las denuncias en los tribunales de Comodoro Py.
Entre los requerimientos firmados por el juzgado se destaca un pedido de informes al Banco Provincia para verificar los movimientos financieros asociados a la cancelación de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos entre los años 2024 y 2026. Asimismo, se libraron oficios a la Legislatura bonaerense y al Registro de la Propiedad Inmueble con el fin de constatar el origen real de 21 millones de pesos en efectivo que el funcionario justificó de forma tardía como parte de una herencia familiar, una cifra que además contradice las declaraciones presentadas por su hermano Manuel.
El dictamen emitido por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien solicitó la declaración indagatoria de Francisco Adorni, imputa formalmente al contador por ocultar de manera deliberada diversas cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes de valor. La acusación sostiene que, debido a su experiencia profesional y su pasado laboral en el Consejo de la Magistratura, el legislador conocía a la perfección las normativas de transparencia y omitió falsear la documentación oficial para esconder un incremento patrimonial injustificado durante su paso previo por el Ministerio de Defensa.
La situación judicial se complejiza con nuevas revelaciones que involucran al exvocero presidencial Manuel Adorni, tras una denuncia pública de la diputada Marcela Pagano. La legisladora expuso directivas internas de la cúpula de Gendarmería Nacional destinadas a ocultar los informes diarios sobre la custodia asignada al exfuncionario en su residencia privada. De acuerdo con la denuncia, estas maniobras buscarían encubrir el uso gratuito de recursos públicos para proteger a un ciudadano particular que ya no ejerce cargos en el Poder Ejecutivo.
