La Legislatura salteña iniciará el debate de un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Socioeconómica y Tarifaria en todo el territorio provincial por el plazo de un año. La iniciativa, impulsada por el diputado Germán Rallé, surge como respuesta institucional al profundo malestar social generado por el encarecimiento de los servicios públicos esenciales. El propósito central de la normativa es dotar al Estado provincial de herramientas jurídicas excepcionales para congelar o morigerar el impacto de las tarifas en los presupuestos de los hogares, comercios y pequeñas empresas locales.
El origen de la propuesta parlamentaria se remonta a una ola de reclamos vecinales motivados por montos desproporcionados en las boletas de energía eléctrica, con especial foco en el departamento General Güemes. La tensión sistémica se agudizó tras la intervención del Ente Regulador, que debió reconocer la existencia de errores materiales en las liquidaciones emitidas por la empresa distribuidora Edesa. Al respecto, los fundamentos del proyecto advierten que las fallas de facturación detectadas a instancias de los propios usuarios hubieran constituido un perjuicio económico irreparable para el patrimonio familiar de no haber mediado la advertencia pública y de las autoridades.
Frente a las proyecciones que anticipan nuevas y severas actualizaciones en el valor del kilowatt, el texto legislativo apunta a blindar la capacidad de pago de una ciudadanía que ya se encuentra al límite de sus posibilidades financieras. Quienes promueven la norma sostienen que la proyección de aumentos adicionales volvería las obligaciones mensuales de cumplimiento imposible para la mayoría de los salteños. Por tal motivo, el articulado ingresará formalmente al circuito de comisiones para su análisis técnico y político, un paso previo y obligatorio antes de ser sometido a votación en el recinto de la Cámara de Diputados.
