El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) convocó a dos audiencias públicas clave para analizar la situación tarifaria y operativa de los servicios de agua y energía eléctrica en la provincia.
Las convocatorias apuntan a evaluar el impacto económico de las actualizaciones tarifarias, en un contexto marcado por la inflación y la necesidad de garantizar la capacidad de pago de los usuarios.
La primera audiencia estará centrada en el servicio sanitario prestado por COSAYSA S.A. y se realizará el 12 de junio a las 8:30, mientras que la segunda, vinculada al servicio eléctrico de EDESA S.A., tendrá lugar el 11 de junio en el mismo horario. Ambas se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Zoom y serán transmitidas por streaming.
En el caso del servicio de agua y saneamiento, el temario incluye el análisis del impacto tarifario, la fórmula de cálculo para usuarios sin medidor y el avance del programa de micromedición. Este último punto busca mejorar la precisión en el consumo facturado mediante la instalación de medidores domiciliarios.
Por su parte, la audiencia sobre energía eléctrica incorporará además otros ejes sensibles para los usuarios, como las modificaciones en la atención comercial, la incidencia de las conexiones irregulares en la tarifa y la calidad del servicio, y la inclusión de tributos municipales en las facturas.
También se abordará la situación del mercado eléctrico disperso, en particular la sostenibilidad tarifaria de ESED S.A.
Desde el organismo destacaron que estas instancias buscan fortalecer la participación ciudadana y dotar de mayor legitimidad a las decisiones regulatorias. En ese sentido, recordaron que cualquier usuario, con interés simple o legítimo, podrá inscribirse y exponer su posición.
El plazo para anotarse como participante vence el 2 de junio a las 14 horas, a través del sitio web oficial del ENRESP.
Además, toda la documentación vinculada a las audiencias estará disponible para consulta pública, garantizando transparencia en el proceso.
Uno de los puntos centrales del debate es la aplicación de la Ley Nº 8457, que establece que los incrementos tarifarios no pueden superar la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La normativa también exige gradualidad en los ajustes y contempla la situación económica de los usuarios.
En paralelo, el Ministerio de Producción y Minería aprobó un acuerdo de colaboración con el Mercado Argentino de Valores S.A., orientado a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento a través del mercado de capitales. La iniciativa apunta a promover capacitaciones, difusión y herramientas financieras, sin generar costos para el Estado provincial.
