El objetivo es garantizar que cada vivienda adjudicada cumpla su función social y sea habitada por las familias que realmente la necesitan.
La presidenta del organismo, Laura Caballero, confirmó durante una visita a Metán que el IPV retomó inspecciones que habían quedado pendientes. Explicó que los controles permiten verificar el uso efectivo de las unidades y constatar si los adjudicatarios están cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato.
La normativa vigente exige que los beneficiarios habiten la vivienda durante los primeros cinco años, sin posibilidad de alquilarla, prestarla o destinarla a usos ajenos al programa habitacional. Cuando se detectan irregularidades, el IPV inicia actuaciones administrativas que pueden incluir notificaciones, apercibimientos e incluso la revocación de la adjudicación en los casos más graves.
Desde el organismo remarcaron que estos relevamientos no buscan sancionar de manera indiscriminada, sino ordenar la situación y asegurar la transparencia en el uso de los recursos habitacionales. Aclararon que las viviendas sociales deben estar ocupadas y cumplir su propósito: brindar soluciones habitacionales a familias que no tienen otra alternativa.
Los operativos continuarán en las próximas semanas en distintos puntos de la provincia, donde ya se identificaron viviendas cerradas de manera permanente o con presunción de uso irregular. El IPV adelantó que los controles serán sostenidos y que las unidades recuperadas se reasignarán a grupos familiares inscriptos y en situación de necesidad.
