El relevamiento documenta más de 1.800 casos de torturas y tratos degradantes dentro de cárceles federales, así como en operativos de las fuerzas policiales nacionales (Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura). Esta cifra escalofriante expone la sistematicidad y el nivel de violencia institucional que se vivió bajo la comandancia de Bullrich.
El informe, que abarca 415 páginas de investigación, revela que solo en el ámbito federal se contabilizaron 271 víctimas de torturas y malos tratos policiales, mientras que en el sistema penitenciario se identificaron 646 víctimas que permiten individualizar un total de 1.465 hechos.
En las provincias, la gravedad se profundiza: se registraron 1.198 víctimas en Buenos Aires, donde se concentran 552 casos, especialmente en establecimientos de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica. Además, la investigación muestra que 17 personas sufrieron episodios de violencia policial o penitenciaria en más de una ocasión.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que el traspaso de las cárceles desde la órbita del Poder Judicial hacia el Ministerio de Seguridad agravó la situación, generando mayores dificultades para detener el avance de las prácticas de tortura y los malos tratos dentro del sistema federal. La magnitud de las denuncias pone en foco la necesidad de reformas estructurales y de un monitoreo constante sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, para evitar que hechos como estos se repitan en el futuro.
