Una serie de denuncias anónimas destapó un escándalo y puso en jaque a la cúpula de la Policía de Tucumán, tras comprobarse que sacaban presos de la comisaría para trabajar como albañiles en la casa de veraneo de una autoridad policial.
El caso tuvo una gran repercusión y ya provocó la caída de los máximos responsables de la Unidad Regional Norte. Hay cuatro detenidos.
Cómo se destapó el escándalo y la reacción oficial
Todo comenzó con llamados anónimos al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que alertaron sobre la presencia de detenidos y policías haciendo tareas de construcción en una casa que sería propiedad de Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte.
El funcionario informó de inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo, y ambos recurrieron a la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, para esclarecer la situación.
La reacción oficial fue inmediata. En Casa de Gobierno se redactó un decreto que terminó con la baja inmediata de Beltrán y su segundo, el comisario Sergio Juárez.
Ambos estaban al frente de una de las jurisdicciones más importantes de la provincia, que abarca Trancas, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena.
La decisión fue contundente: no los pusieron en disponibilidad ni los pasaron a retiro, sino que directamente los echaron de la fuerza, lo que implica que por un tiempo no podrán jubilarse.
El decreto, firmado por Jaldo y Agüero Gamboa, habla de “conductas incompatibles con la función policial que afectan gravemente la confianza de la sociedad”.
La investigación y las pruebas clave
Según los primeros datos de la investigación, al menos cuatro detenidos habrían trabajado periódicamente en la casa de Beltrán, aunque el martes solo encontraron a dos.
Los presos eran trasladados en un patrullero y los efectivos que los acompañaban también realizaban tareas en la obra, cuando debían estar de servicio en la calle o cumpliendo funciones administrativas.
Fuentes cercanas a la causa revelaron a La Gaceta un dato alarmante: los detenidos estaban condenados por abusos sexuales y alojados en los calabozos de la Unidad Regional Norte, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia dispuso que todos los penados deben estar en cárceles provinciales.
