Crimen de Jimena: fiscales señalan que los hermanos Saavedra actuaron de manera coordinada

Los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González ubicaron el momento del crimen a las 12.51 del 27 de enero de 2017. Según la hipótesis, Jimena Salas fue atacada mortalmente por Javier Saavedra -ya fallecido- y otro hombre no identificado hasta el momento, quienes escaparon en los autos que conducían Damián y Guillermo: un Volskwagen Vento y un Renault Clío.

De los imputados no hay ADN ni testigos que los hayan reconocido puntualmente, sin embargo los fiscales apoyan su acusación en testimonios de vecinos que observaron vehículos de similares características, cámaras de seguridad -aunque ninguna cerca del domicilio- y también la sospechosa falta de actividad en las líneas de celular de los hermanos en las horas en anteriores y posteriores al crimen de Jimena.

“Los días previos y posteriores al hecho no existe este comportamiento en las líneas telefónicas de los imputados”, dijo aludiendo a la investigación del oficial Manuel Colque. Agregó que “existió planificación y coordinación para apagar los dispositivos”.

“No hay ningún elemento de convicción que se haya incorporado, ninguna evidencia digital o información que ubique a los imputados en un lugar distinto a la zona del hecho, en los horarios descriptos”, aseguró el fiscal González.

Luego indicó que a menos de tres horas de cometer el crimen a Javier lo observaron bañado, cambiado y sin el perro en Villa Floresta, donde desarrolló su actividad laboral como si nada hubiera pasado. Eran las 15.30 aproximadamente, detalló. “Los imputados actuaron en un contexto organizado y de confianza”, dijo e hizo referencia a robos que habrían cometido con anterioridad.

En otro tramo, González señaló que los Saavedra -includos madre y padre- "integran una red familiar y laboral" vinculada a Aguas del Norte, que se usó para actividades ilícitas. Mencionó además que la señora Ana María Simón, la madre de los acusados, le ofreció a una compañera de Javier un puesto laboral en la empresa para convencerla de levantar una denuncia por abuso sexual.