Según se supo extraoficialmente, Martínez se vio rodeado cuando se enteró que la policía había detenido a varios integrantes de su familia, en más de treinta allanamientos. Esto lo llevó a avisar de su intención de ponerse a disposición de la justicia federal.
El caso está a cargo del juez federal de Garantías en la ciudad de Orán, Gustavo Montoya, y se estima que si no fue notificado de su situación procesal, Martínez será llevado mañana jueves para tal trámite.
Martínez se presentó en la División Infantería de la Policía de la Provincia acompañado por su abogado, Sergio Herrera.
Luego, por disposición policial, fue trasladado al hospital para cumplir con los trámites de rigor. Según trascendió, el exintendente tiene un tumor en la zona posterior de la cabeza por el que habría sido sometido a dos cirugías, la última hace aproximadamente 45 días.
El sábado pasado se realizaron decenas de allanamientos en Orán, Aguas Blancas y Salta Capital y fueron detenidas varias personas de su entorno. La investigación apunta a una organización liderada por Martinez, dedicada a introducir en el circuito económico legal dinero de origen ilícito y el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso esta semana prisión preventiva para siete de los imputados.
Otros detenidos
Montoya hizo lugar el martes pasado a la imputación penal requerida contra los once detenidos en varios allanamientos realizados el sábado pasado, y quedaron por el delito de asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo, en calidad de miembros.
El magistrado también accedió al plazo de 6 meses solicitado por los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velasco por la Procuradurías de Narcocriminalidad del NOA y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCUNAR NOA Y PROCELAC).
Sobre las medidas de coerción, y también por pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el juez dispuso la prisión preventiva efectiva de siete de los imputados, en tanto, que los otros cuatro quedaron en libertad, con medidas restrictivas de control por parte de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Asistidos por la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y los auxiliares fiscales Jorge Viltes Monier, de la PROCUNAR NOA; Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de PROCUNAR y Alberto Barbuto, de la PROCELAC, los fiscales presentaron los detalles de una investigación que data de dos años y el resultado de 32 allanamientos practicados para desbaratar a la organización criminal.
“Este caso tiene una gran importancia para todo el país”, dijo el fiscal general Villalba, al iniciar su exposición. Explicó que la afectación de esta estructura criminal no sólo impacta por las modalidades propias del delito, sino también por la utilización de un órgano institucional, como lo fue el municipio de Aguas Blancas, para disimular el ingreso y egreso de fondos espurios.
Para ello, señaló que el principal acusado, que ya tenía antecedentes penales por narcotráfico, montó una empresa delictiva para, primero acceder al cargo de intendente en el año 2023, para lo cual invirtió sumas de dinero en dólares a cambio de los votos necesarios para resultar electo.
Desde la cúspide del poder político local, expandió un imperio criminal que incluyo toda clase de delitos, en particular aquellos dirigidos al lavado de bienes adquiridos con dinero provenientes del narcotráfico y contrabando, para lo cual se valió de un entramado societario que tuvo al municipio como medio para cubrir esos fondos mediantes contrataciones que solo eran pantallas.
Resaltó como muestras del poder alcanzado por el exintendente la facilidad que alcanzó para corromper otros órganos institucionales, como funcionarios claves de distintas fuerzas de seguridad, gracias a lo cual contó con un manto de inmunidad para sus actividades delictivas.
En ese marco de corrupción que, entre otros avatares, le costó la vida de un hermano asesinado en un escenario de sicariato, el jefe de esta estructura logró alcanzar cierta “impunidad” a partir de fallos favorables dictados por un juez penal de Orán, quien a la postre resultó destituido. Se trata de Claudio Parisi, cuyo juicio aún está pendiente.
Pese a su destitución como intendente, en septiembre del 2024, la organización no se detuvo y su jefe siguió adelante con las diversas actividades criminales y de narcotráfico expandidas en su época de apogeo, en la intendencia.
La investigación
Este escenario de corrupción justificó la actuación conjunta de equipos de investigación de ambas procuradurías y también el Ministerio Público de la Provincia, dado que “estábamos ante una complejidad delictiva distinta en una jurisdicción también de importancia, como lo es la zona de frontera”.
Sostuvo que el caso giró en torno a la figura del jefe de la asociación ilícita, el ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, contra quien ya hay una orden de captura nacional e internacional, puesto que logró escapar de la batería de allanamientos desplegados el sábado pasado, tanto en Orán, ciudades vecinas y la capital salteña.
Como resultados de esas medidas, se logró la detención de once personas, seis de ellas tienen relación directa con el prófugo, tanto por parentesco y por lazos sentimentales. Entre el resto de los imputados, se encuentran tres contadores, empleados del ex intendente y comerciantes.
Pese al fuerte operativo para lograr la detención de todos los implicados, dos de ellos, el ex intendente y otra persona de su entorno, lograron escapar. Se presume que la fuga se debió a una “filtración” de información respecto a los allanamientos, aspecto que ahora se encuentra bajo investigación.
Al referirse cómo operaba el entramado societario para la disimulación de fondos de origen ilícito, el auxiliar fiscal Barbuto, por parte de la PROCELAC, dio una minuciosa explicación de cada una de las empresas creadas o puestas a disposición de la organización para el lavado de dinero.
En ese orden, fijó su exposición en demostrar las tres etapas del circuito de lavado. Señaló en primer lugar la fase de colocación de bienes provenientes de orígenes delictivos, instancias en la que se advierta la mayor vulnerabilidad en materia de control.
Luego, abordó el momento de diversificación de esos fondos a través de cuentas y empresas, cuyo objetivo consiste en darle al dinero ingresado una cobertura lícita mediantes contrataciones de servicios o adquisición de bienes. Por último, explico el ciclo de consolidación, en el que el activo ya lavado, regresa a manos del imputado e incrementa su patrimonio.
Por su parte, Viltes Monier abordó la distribución de funciones de cada uno de los imputados, las características de estabilidad y sucesión de hechos delictivos de la organización. En ese sentido, se destacó el antecedente de su líder, quien en 2012 ya fue detenido por un transporte de 6 kilos de cocaína, mientras que en marzo de 2019 acumuló otra causa al ser detenido en Santiago del Estero con 100 mil dólares que no pudo justificar.
También abordó la relación con otros criminales de la región, entre los que nombró a Cristián Palavecino, condenado a 28 años de prisión en julio de 2025 por delitos de robos a mano armada, secuestros extorsivos, agresiones físicas con armas, homicidios y amenazas.
La fiscal general adjunta, en tanto, requirió y fundó las medidas de pruebas y de coerción. Solicitó pericias técnicas sobre 35 teléfonos celulares incautados, análisis de otros dispositivos informáticos y de numerosa documentación contable, también secuestrada en los allanamientos.
Asimismo, solicitó la prisión efectiva de siete de los imputados en razón de los riesgos procesales de fuga y entorpecimientos, la gravedad y naturaleza de los hechos, la facilidad de los imputados para fugarse en una zona de frontera, su capacidad económica y los innumerables pasos migratorios que registran, en su mayoría con inconsistencias, entre otros argumentos.
Respecto a los otros imputados, solicitó que se mantengan en libertad, pero con reglas restrictivas y de conductas, entre ellas el compromiso de someterse a la investigación penal y al control por parte de la DECAEP y la prohibición de salir del país.
A su turno, las defensas se opusieron a los pedidos de prisión preventiva, pero sus argumentos no fueron suficientes, ya que el juez, al momento de resolver, rechazó sus planteos e hizo lugar al requerimiento de la fiscalía, con la sola excepción de que el caso siga bajo el trámite ordinario y no complejo, como lo había solicitado el MPF.
