La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) y la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) atraviesan este miércoles el segundo día de paro en reclamo por el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó que van a "promover una acción judicial de carácter colectivo en representación de todas las universidades públicas del país para reclamar la aplicación de este instrumento".
Luego de la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender su aplicación efectiva hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y asigne las partidas presupuestarias correspondientes, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, confirmó que desde esta entidad que reúne a todas las universidades nacionales del sistema universitario argentino recurrirán a la justicia.
Este miércoles, a las 13, las universidades nacionales se reúnen en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desde el CIN van a reclamar la aplicación de la aplicación del instrumento: "Vamos a promover una acción judicial de carácter colectivo en representación de todas las universidades públicas de todo el país".
"Lo que vamos a hacer, en una república democrática como la Argentina, es ir a la justicia para que le indique al gobierno nacional que cumpla con lo que la ley establece. Los términos de la presentación lo está resolviendo el CIN".
Sobre la presunción de que la ley abona al desequilibrio fiscal, el Consejo universitario entiende que el Poder Ejecutivo nacional tenía un sus manos resolver el problema que "no compromete fiscalmente al Estado, ya que es el 0.2% del PBI".
Y agregan que la discusión de fondo es qué lugar se le asigna a la educación, la ciencia y la técnica para el país.
Además, está en relieve el desinterés del gobierno por los caminos institucionales: "Presentamos un proyecto de ley que fue aprobado por ambas cámaras, luego vetada por el presidente. Insistimos sostener la ley frente a ese veto y conseguimos una mayoría agravada, que es lo que exige la ley de dos tercios en diputados y senadores y logramos sostenerla. Privilegiamos el camino institucional que marca la legislación vigente".
"El gobierno tenía que cumplir la ley y lo que finalmente hizo es muy grave en términos institucionales, es muy grave que se naturalice el no cumplimiento de una ley", aseguró Bartolacci.
