Según la investigación, ambas exigían dinero a mujeres y personas LGBTI+ a cambio de ser incorporadas como beneficiarias del programa Acompañar, una iniciativa nacional destinada a asistir económicamente a víctimas de violencia de género. Las condenadas deberán abonar 2,6 millones de pesos en concepto de reparación a una de las víctimas.
El fallo se dictó tras la homologación de un juicio abreviado el pasado 26 de septiembre.
Por su parte, Lautaro Tomás Hurtado, hijo de una de las condenadas, logró una suspensión de juicio a prueba por 18 meses, tras pagar 1,5 millones de pesos a la misma víctima y comprometerse a realizar tareas comunitarias durante un año en el santuario Virgen de la Peña.
Una cuarta implicada, Celeste Abigail Robles, será juzgada en un juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación, las funcionarias pedían 10 mil pesos a las beneficiarias para gestionar su ingreso al programa y, en caso de que dejaran de pagar, alteraban sus datos en el sistema para impedirles el cobro.
La jueza Cataldi subrayó la gravedad del caso, dado que las acusadas “abusaron de su función en un área destinada a proteger a mujeres víctimas de violencia”. Además, recordó la obligación del Estado argentino de garantizar los derechos reconocidos en las convenciones internacionales contra la discriminación y la violencia de género.
“La Dirección de Género estaba dirigida a un programa de mucha repercusión, y estos hechos traicionan su propósito”, señaló la magistrada.
