En un contexto de creciente preocupación por el consumo de bebidas energizantes entre adolescentes, la diputada nacional Yolanda Vega (Innovación Federal) presentó un proyecto de ley que propone prohibir la venta, entrega y comercialización de estos productos a menores de 18 años en todo el territorio argentino.
La iniciativa de la diputada salteña tiene como objetivo “proteger la salud de niños, niñas y adolescentes”, según detalla el texto. El proyecto define como bebidas energizantes a aquellas que contienen altos niveles de cafeína, taurina, guaraná, ginseng, L-carnitina y otras sustancias estimulantes del sistema nervioso central.
“Estas bebidas pueden provocar efectos adversos sobre la salud, especialmente en menores cuyo organismo aún está en desarrollo”, advierte Vega en los fundamentos. Entre los riesgos señalados se encuentran el aumento de la presión arterial, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad y, en casos extremos, arritmias o convulsiones.
Además, la diputada alertó sobre el consumo combinado de energizantes con alcohol, una práctica frecuente entre adolescentes, que genera una “falsa sensación de sobriedad” y potencia conductas de riesgo.
El proyecto establece que todos los puntos de venta —desde kioscos hasta plataformas online— deberán verificar la edad del comprador mediante un documento oficial antes de concretar la operación. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura del local, con penas agravadas en caso de reincidencia.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, que deberá coordinar acciones con las provincias y municipios, además de promover campañas de concientización en escuelas y medios de comunicación.
“Esta ley no busca demonizar un producto legal, sino establecer criterios de protección adecuados para una población vulnerable, como ya ocurre con el tabaco o el alcohol”, explicó Vega. La diputada también destacó que, si bien algunas provincias ya han avanzado con normativas similares, es necesario contar con una legislación nacional que unifique criterios y garantice una protección efectiva.
El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma, y establece un plazo de 90 días para su reglamentación una vez sancionada.
Con esta propuesta, Yolanda Vega se suma a una tendencia internacional que busca limitar el acceso de los menores a productos que, aunque legales, pueden tener consecuencias graves para la salud cuando se consumen sin control ni información adecuada.
