El fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra dos personas: un hombre de 29 años, acusado de los delitos de amenazas, amenazas con arma, desobediencia judicial, lesiones calificadas y violación de domicilio; y una mujer de 34 años imputada por el delito de amenazas.
La damnificada, expareja del acusado y madre de un hijo en común, denunció una serie de hechos ocurridos entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, todos en contexto de violencia de género.
El primer episodio tuvo lugar el 7 de diciembre de 2023, cuando la mujer vio al acusado dentro del establecimiento educativo al que asiste una de sus hijas. La denunciante contaba con medidas de protección vigentes desde una denuncia previa en 2019, por lo que dio aviso al Sistema de Emergencias 911. Al llegar la policía, el acusado se retiró del lugar.
Meses después, el 11 de septiembre de 2024, el hombre intentó ingresar por la fuerza al domicilio de la denunciante. Su padre intervino a tiempo y logró impedir el acceso, tras lo cual el acusado comenzó a insultarla. Nuevamente, la mujer solicitó asistencia a través del 911, y el individuo se retiró.
Dos días más tarde, mientras la damnificada se dirigía a un merendero del barrio Municipal, fue interceptada por el acusado, quien se encontraba en la vía pública. En presencia de otras personas, la insultó y la amenazó.
En tanto, el 2 de noviembre de 2024, el acusado volvió a acercarse a la vivienda de la mujer. Desde la vereda, la amenazó mientras sostenía una piedra. Minutos después, también se presentó la actual pareja del imputado, quien la amenazó verbalmente. Posteriormente, el padre de la damnificada manifestó haber sido agredido físicamente por el hombre en la vía pública, quien le arrojó piedras, motivo por el cual radicó la denuncia correspondiente.
La jueza Paola Marocco, tras la confesión del acusado, lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento, la colocación de tobillera electrónica, la obligación de someterse a un tratamiento médico por su adicción al alcohol y a los estupefacientes.
Por su parte, la mujer acusada, fue condenada a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta establecidas.
En cuanto a las medidas de protección para la damnificada, se dispuso la implementación de consigna policial ambulatoria durante 15 días en su domicilio y la entrega de un botón antipánico.
