Dieron 16 millones de pesos a favor de entidades de bien público tras un acuerdo conciliatorio en un caso de lavado de activos

Una ONG y un centro eclesial recibieron esa suma para asistir a pobladores en el Valle de Lerma y el Chaco Salteño. Es el producto de un acuerdo logrado por la fiscalía con la defensa de una mujer imputada por lavado de activos a partir de una investigación por narcotráfico.

SALTA19 de junio de 2025 El Expreso de Salta
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os instituciones de bien público recibieron más de 16 millones de pesos producto de un acuerdo de conciliación al que arribó el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta con la defensa de una mujer que había sido imputada del delito de lavado de activos, a cambio de la extinción de la acción penal en su contra.

El acuerdo fue expuesto en audiencia por el fiscal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y finalmente fue homologado por la jueza federal de garantías de Salta, Mariela Giménez, el 22 de mayo pasado.

Como consecuencia, el Centro Eclesial El Alfarcito, ubicado en Rosario de Lerma, y la ONG Fundación Cultura Nativa, del Chaco Salteño, recibieron los más de 16 millones de pesos, que tendrán como destino la asistencia a pobladores de esas regiones.

Toranzos y Aráoz Vallejo narraron los detalles del caso que condujo al acuerdo de conciliación, que fue adoptado como una salida alternativa al proceso penal. Explicaron en la audiencia que, en una primera etapa del proceso, el transportista Roberto Adrián Ibarra fue detenido con poco más de 6 kilos de cocaína durante un procedimiento de control realizado por personal de la Gendarmería Nacional el 27 de julio de 2023 en la ruta 34, a la altura del paraje Cabeza de Buey.

Recordaron, al respecto, que el 9 de noviembre de ese año Ibarra fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión en un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el juez federal de garantías Julio Bavio.

La investigación del caso tuvo secuelas. Según expuso la fiscalía, las tareas de campo e inteligencia criminal permitieron identificar a otro eslabón de la cadena de tráfico, Patricia Aparicio, a quien el transportista había contactado y visitado en Salta, previo hacerse de la droga.

En ese entonces, relataron los representantes del MPF, a los investigadores les llamaron la atención las alusiones a importantes sumas de dinero que ambos realizaban en sus conversaciones y a raíz de ello la fiscalía ordenó profundizar la pesquisa, pues aquellas evidencias colocaban a la mujer en un nivel superior al transportista en la organización.

La casa de Aparicio, ubicada en Villa Cristina, fue allanada y ella fue detenida. En el procedimiento se secuestraron 7.002.381 de pesos y 16.500 dólares, lo cual -según expusieron Toranzos y Aráoz Vallejo- constituyó una evidencia clara de su rol.

La mujer fue imputada por el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 3° del Código Penal, que reprime con pena de prisión de seis meses a tres años “la receptación de bienes y activos provenientes de un ilícito penal con el fin de darles apariencia lícita”.

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