Por expresa disposición del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, Gabriel Portal, la auxiliar fiscal María Virginia Bortolotto representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito ante el Juzgado de Garantías 2, en la que se dictó la prisión preventiva para un hombre de 31 años, imputado por robo en grado de tentativa y amenazas con arma impropia, ambos delitos en concurso real.
El hecho ocurrió el 13 de mayo, alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando una mujer regresaba a su domicilio y observó que su expareja, se encontraba oculto detrás de una camioneta estacionada en las inmediaciones. Al verla, el hombre se le acercó y le habría exigido la entrega de $50.000 con el argumento de que necesitaba realizarse un examen neurológico. Ante la negativa, según el relato, comenzó a ponerse violento.
La mujer decidió alejarse por unas cuadras para resguardarse. Sin embargo, al regresar hacia su domicilio, fue interceptada nuevamente por el acusado, quien le pidió que ingresara con él a la vivienda. Al negarse, éste le habría arrebataado un bolso que llevaba consigo, iniciándose un forcejeo.
El hombre tomó un pedazo de bloque de cemento que se hallaba en el lugar y, de manera intimidante, le habría exigido a gritos que ingresara a la propiedad, realizando gestos amenazantes con el objeto. Ademas habría amenazado de muerte a la mujer y su familia, lo que generó un fuerte temor en la denunciante.
En el marco de la investigación se logro establecer que el acusado cuenta con una condena previa de un año y seis meses de prisión en suspenso, dictada en marzo de este año, por hechos similares contra la misma persona, que incluyeron amenazas, coacción con arma impropia, daños y desobediencia judicial.
Ante la gravedad de los hechos, la reiteración de conductas violentas y la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, lo cual fue concedido por el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo.
La Fiscalía también solicitó que el acusado sea sometido a una evaluación psicológica a cargo de profesionales del Poder Judicial, con el fin de analizar su nivel de peligrosidad, manejo de impulsos y la necesidad de un tratamiento especializado.
