El clima fue tenso la mañana del miércoles en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial de Salta y culminó con un cuarto intermedio por un cambio de último minuto en la defensa técnica de Nelson Leonardo Cositorto y un planteo para que se suspenda el juicio.
La entrada al recinto, en el subsuelo del edificio judicial, estaba custodiada por efectivos con pasamontañas y armas largas. La audiencia comenzó puntual, a las 9.30. Cositorto portaba un chaleco antibalas y estaba sentado por separado de los cuatro socios salteños que operaban la oficina de Generación Zoe en la calle Pellegrini 782: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.
La razón del cuarto intermedio fue porque renunció el abogado particular de Cositorto, Franco Tolaba, y el Tribunal designó a la defensora oficial Cecilia Martínez, quien apenas ingresó a la Sala planteó la nulidad de la audiencia por entender que se habían violado las garantías de defensa en juicio, mientras que adelantaba que recurrirá al Tribunal de Casación si no se consideraba el planteo. Inclusive la defensora llegó a mencionar que los jueces Martín Pérez Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans se habían comportado de manera de "despótica" al iniciar la audiencia a sabiendas que Tolaba había renunciado a la representación de Cositorto.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio contestó rechazando el planteo, aduciendo que era, "artimañas" para dilatar el inicio del debate. En el mismo sentido se pronunciaron los abogados querellantes Mauricio Ósola Ortiz y Roberto Barrionuevo Rodríguez, quienes representan una porción minoritaria de los estafados.
La acusación apunta a un esquema Ponzi, es decir una estafa piramidal en la que cayeron ciudadanos salteños, las víctimas en esta causa, junto a miles de personas en distintos países de Latinoamérica y España. Los imputados enfrentan cargos por estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real. En la provincia de Salta se estiman que cayeron alrededor de 350 personas, aunque dos tercios de ellos desistieron de accionar judicialmente y aceptaron las pérdidas. Ninguno recuperó un solo dolar. En total lo que perdieron los 118 salteños denunciantes supera el medio millón de dólares y más de 5,5 millones de pesos.
Tras el pedido de nulidad del juicio presentado por la defensora oficial, los jueces determinaron un cuarto intermedio hasta mañana, jueves 5 de junio, a las 9:00.
La causa
La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en 2022 por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con una de sus sedes en Salta.
Durante la investigación, la fiscalía determinó que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.
Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.
El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En el caso de que el aportante decidiera retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 (doce) meses.
Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.
Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.
La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.
