Un grupo de diputados opositores buscará este miércoles lograr el quórum para debatir un temario que incomoda al Gobierno: aumentos jubilatorios, emergencia en discapacidad, financiamiento universitario y presupuesto para la salud. La sesión especial se desarrollará desde las 12 en simultáneo a una gran movilización convocada frente al Congreso de la Nación.
Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de la Unión Cívica Radical son las bancadas opositoras que solicitaron la sesión. Si los legisladores de todos los bloques que impulsaron la sesión se presentan al recinto, sobrarán diez diputados para alcanzar el quórum. Para garantizar las adhesiones necesarias para dar inicio al debate, a último momento incluyeron la situación presupuestaria del Hospital Garrahan.
Sin embargo, existen dudas sobre la cantidad de miembros que se presentarán en el recinto por presiones desde Casa Rosada a Santiago del Estero, Catamarca y Chubut, especialmente luego del encuentro de gobernadores este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Desde el Gobierno buscan hacer caer la sesión, y anticiparon que cualquier iniciativa que afecte el equilibrio fiscal será vetada.
La jornada sensible para el oficialismo estará marcada por una movilización convocada para acompañar a la tradicional marcha de jubilados de los miércoles en las afueras del Palacio Legislativo. A este grupo se sumarán trabajadores del Hospital Garrahan, centrales sindicales, científicos del CONICET y el colectivo Ni Una Menos.
La sesión especial fue solicitada por el diputado Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, junto a otros legisladores de la oposición. En primer lugar, el temario incluye el incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, el aumento del bono extraordinario de 70 mil a 105 mil pesos, además de la prórroga de la moratoria previsional.
El tercer punto del temario es la declaración de emergencia para la discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida implica una partida presupuestaria para cubrir las deudas con los prestadores de servicios, la reactivación de las pensiones por invalidez y la garantía del presupuesto sostenido de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En caso de que la sesión avance, el Gobierno mantendrá firme la bandera del orden fiscal como principal argumento en contra de la aprobación de las iniciativas. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, informó en una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.
En detalle, el equipo económico estimó un costo de 1,3% del PBI para el aumento de todas las escalas de jubilaciones. La actualización del bono, en tanto, implicaría un 0,30% del PIB. Para el costo de la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que caducó en marzo pasado, el gasto significaría un 0,2% del PBI. Por último, los puntos que contempla la emergencia por discapacidad representan un 0,3% del PBI.
