En Argentina, el acceso a la información pública está regulado por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, que fue sancionada en 2016 y reglamentada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos).
La ley permite que cualquier persona, sin necesidad de justificar su interés, solicite información a una amplia gama de organismos estatales, incluyendo la Administración Pública Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, empresas y sociedades con participación estatal, universidades nacionales, partidos políticos y sindicatos, entre otros.
Los organismos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para responder, con posibilidad de una prórroga por otros 15 días en casos excepcionales. El trámite es gratuito, aunque pueden cobrarse los costos de reproducción.
Existen excepciones limitadas: se puede denegar información por razones de seguridad nacional, secretos industriales o datos personales protegidos.
El 1° de septiembre de 2024, el Gobierno nacional modificó la reglamentación de la ley mediante el Decreto 780/2024 e introdujo una nueva definición de “información pública” que excluye datos de naturaleza privada o sin “interés público comprometido”.
Al respecto, Clara Lucarella, abogada y coordinadora del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló en esta nota que el cambio “sumó excepciones a las que existían previamente en la ley y restringió aún más el derecho de acceso a la información”.
Récord de pedidos durante la gestión Milei
Desde la implementación de la ley, en septiembre de 2017, y hasta el mes de abril de 2025, se realizaron en total 52.833 pedidos de acceso a la información pública.
El gobierno de Macri recibió 9.169 pedidos, a un promedio de 327,4 por mes. Cabe aclarar que como la ley entró en vigor a mitad de su gestión, el período considerado es de poco más de 2 años
En el Gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) se contabilizaron 31.156 pedidos, un promedio mensual que duplicó al de la gestión anterior (650 por mes).
Desde que Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 y hasta abril de 2025, se realizaron 12.508 pedidos de acceso: 781 por mes, el promedio más alto desde que se implementó la norma.
Del total de expedientes cuyos plazos finalizaron (unos 11.866, dado que aún hay 642 dentro del período legal de respuesta), el 7,7% (917) se encuentran vencidos y el 92,3% (10.949) sí recibió respuesta.
En comparación, la menor tasa de incumplimiento ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, con el 2,4%: tuvo 220 expedientes vencidos y 8.949 respondidos.
En el gobierno de Fernández, por su parte, el incumplimiento fue del 3,1%: contestó en tiempo y forma 30.178 expedientes y no respondió 978 pedidos.
Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) señaló a Chequeado que “la ley empezó su implementación con un envión y se fueron institucionalizando cosas. Pero después ese envión se perdió y también bajó mucho el monitoreo de cómo estaban funcionando los organismos de acceso”.
“En la Agencia de Acceso a la Información hubo una rotación importante de gente y hay menos gente trabajando en el tema, y eso no es menor”, agregó.
