El presidente Javier Milei firmará en los próximos días un decreto que habilita la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), aunque de manera fragmentada. La estrategia oficial apunta a desmembrar la compañía estatal y vender sus activos por separado, comenzando por su participación en Citelec, la sociedad que controla Transener, la mayor transportista de energía eléctrica del país. Esta venta inicial se realizará a través de un concurso público nacional e internacional.
El complejo entramado de activos de Enarsa —creada en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner— impide su venta en un solo paquete. La empresa posee un 50% de Citelec, pero también gestiona obras clave como el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), las represas santacruceñas con más del 30% de avance, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), el 50% de la terminal de GNL de Escobar (compartido con YPF) y participa en centrales térmicas estratégicas como Manuel Belgrano y San Martín, sobre las que aún hay litigios no resueltos.
La participación de Enarsa en Citelec, valuada en unos 200 millones de dólares, es vista como el primer paso hacia una privatización mayor. Transener tiene una capitalización bursátil de 800 millones de dólares y opera 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, además de los más de 6.200 kilómetros que controla a través de Transba S.A. La posible mejora en las tarifas eléctricas que podría acordarse en la Revisión Quinquenal Tarifaria antes del 30 de abril sumaría atractivo a la operación.
El decreto oficial que habilitará la venta establece que no se aplicará el artículo 16 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, con lo cual se excluyen de la operación las preferencias para empleados o actuales accionistas, tal como ocurrió durante las privatizaciones de los años 90. En cambio, será el Ministerio de Economía, a través de una nueva unidad ejecutora, quien pilotee las subastas.
La conducción de Enarsa, a cargo de Tristán Socas —un directivo cercano al asesor presidencial Santiago Caputo—, tiene plena convicción de avanzar con las privatizaciones. Socas asumió a fines de 2024 y su rol es clave para acelerar el proceso de enajenación de activos estratégicos que, según el Gobierno, deben estar en manos del sector privado.
La movida se da en un contexto de redefinición del rol del Estado y forma parte de la estrategia de desregulación y apertura económica que impulsa la administración Milei. Sin embargo, el avance con la venta de activos energéticos esenciales promete abrir una nueva polémica, especialmente en un sector donde la seguridad energética y la soberanía en infraestructura crítica están en juego.
