Gobierno de Salta promete alimentar y atender la salud de más de 700 presos en comisarías

Hasta el 23 de febrero el número total de detenidos en dependencias policiales ascendía a 751, de los cuales 55 ya fueron condenados, algunos con penas de 20 años de prisión. En una audiencia frente al Alto Tribunal, el presidente del Comité contra la tortura, Rodrigo Solá, detalló el informe elaborado en base a inspecciones en dependencias policiales y carcelarias, y a la recepción de denuncias por violencia institucional.

Solá señaló a El Expreso de Salta que los pedidos buscan mejorar la seguridad en la provincia, teniendo en cuenta que es alto el índice de reincidencia: “Para que las personas no vuelvan a delinquir, no nos sirve un sistema en el que están todas en un mismo espacio, confundidas. Hay estudios de cómo trabajar con criterios de especialidad”.

Dijo que la situación de los presos en comisarías es diversa y especialmente dolorosa en las dependencias alejadas de la capital salteña, donde los detenidos no tienen garantizado lo básico: la comida y la higiene. Están hacinados, no tienen baños, ni los policías deberían tener que ocuparse de ellos cuando su función es otra.

La audiencia

Comenzó a las 9 en punto de este lunes y fue encabezada por la presidenta del Tribunal, Teresa Ovejero Cornejo, y demás jueces de la Corte de Justicia de Salta.

Comenzó con la exposición de Rodrigo Solá, quien pidió plazos concretos para solucionar los problemas más urgentes, como son la alimentación y condiciones mínimas de salubridad para los detenidos en comisarías de la provincia. Además, habló de graves problemas de infraestructura en las comisarías 3 y 4 Tartagal -donde son frecuentes las fugas- y pidió “inhabilitarlas y clausurarlas”.

También solicitó un plan de contingencia y un sistema unificado de estadísticas oficiales, donde conste no solo la identidad de los detenidos sino también los datos individualizados de los policías, que estimó entre 750 y 800.

Tras un cuarto intermedio de 20 minutos, se anunció un acuerdo para avanzar en lo inmediato, una promesa que se materializará en la firma de un acta acuerdo en 15 días, de la que debería participar el secretario de Seguridad de Salta, Gaspar Solá, quien estuvo ausente en esta instancia por estar atendiendo la situación en el norte, con el desborde del río Pilcomayo. El compromiso fue asumido también por los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Dos meses para trasladar a 55 detenidos

El acuerdo incluye una mesa de trabajo entre los distintos ministerios del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para que en 60 días comience el traslado progresivo a las penitenciarías de los condenados y aún detenidos en comisarías. En 120 días se estableció el plazo para cerrar las dependencias 3 y 4 de Tartagal, donde “los informes de infraestructura y los informes sociales hablan de espacios que no son aptos para el hábitat humano”, indicó Rodrigo Solá.

Aclaró que la alimentación de los presos no está prevista en las comisarías porque no debería haber personas privadas de libertad allí. “Incluso hemos identificado policías en Cachi haciendo rifas para poder cubrir la alimentación de las personas que tenían detenidas en esas comisarías”, aseguró.

¿A dónde irán los presos condenados?

Es importante que participen el Poder Judicial y el Ministerio Público porque hay que revisar cada una de las situaciones. Quizás algunos ya están en condiciones de acceder a beneficios como por ejemplo la libertad asistida o la libertad condicional. Hemos encontrado una persona que ya había cumplido pena y seguía en una comisaría, fue un caso escandaloso que lo trató la Corte y afortunadamente lo resolvió.

Y las personas que tienen que seguir cumpliendo pena deben ser trasladadas a una unidad carcelaria, que podría ser en Tartagal, Orán, Metán o Villa Las Rosas en Salta.

En las comisarías hay muchos detenidos con penas cortas, a veces por 30 o 60 días, debería analizarse la posibilidad de medidas alternativas a la prisión. También hay cuestiones que tienen que ver con violencia de género, que son las que engrosan los números en las comisarías del interior, cuestiones de microtráfico...

¿En violencia de género, cómo se podría evitar un encarcelamiento si hay peligro para la mujer?

Nosotros no decimos que se tienen que liberar a las personas, sino que tienen que estar en los espacios adecuados. Entonces, en términos de reinserción, que no vuelvan a delinquir, no nos sirve un sistema en el que están todas las personas en un mismo espacio confundidas. Hay estudios de cómo trabajarlos desde criterios de especialidad.

Entonces no es lo mismo trabajar con cuestiones de violencia de género, con delitos contra la propiedad, muchas cuestiones que tienen que ver con consumos de sustancias. Entonces una persona que ha cometido actos de violencia de género no nos garantiza ningún tipo de reinserción o que eso no vuelva a suceder si solamente está en condiciones paupérrimas en una comisaría.

¿Tendría que tener un seguimiento psicológico, social?

Exacto, que eso es lo que se hace en el servicio penitenciario, con todas sus carencias, porque también tiene niveles de sobrepoblación, aún así existe un acompañamiento psicológico, hay programas especiales de violencia familiar o de violencia de género, los tienen que transitar durante un año.

¿Hacen falta más cárceles en Salta?

Primero hace falta revisar la situación de todas las personas privadas de libertad. Si el Ejecutivo considera que es necesario hacer más cárceles sobre esa lectura, bueno, se analizará en esta mesa de trabajo. Nosotros creemos que lo primero es revisar distintas políticas que se implementaron y cómo esto impacta en las cárceles.

Por ejemplo, el juicio abreviado que introdujo la oralidad y es algo muy positivo, acelera los procesos, pero el resultante es que hay condenas, siempre cortas, pero de cumplimiento efectivo. Entonces, ahora nos encontramos con estas personas que tienen cumplimiento efectivo de 30 días, 60 días.

¿Sirve de algo que una persona esté 30 días presa? O podemos pensar, como se propone en términos más progresivos, medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Por ejemplo, trabajos comunitarios, prisiones domiciliarias con tobilleras, con sistemas tecnológicos de control, otras medidas alternativas que por ejemplo las mujeres contemplen, la situación de guarda de los hijos, mujeres que están presas por microtráfico y tienen cinco o seis hijos que estuvieron en extrema situación de vulnerabilidad. Nosotros entendemos que ya han sido víctimas de un sistema en un primer momento y que la respuesta termina siendo la criminalización. Lo mismo pasa con muchos jóvenes, que se los imputa por delitos que tienen que ver con el consumo abusivo de sustancias.