La ministra de Seguridad acusó a Karina Andrade de "prevaricato" y "violación de los deberes de funcionario público". El error que cometió en la presentación y luego fue subsanado.
NACIONALES17 de marzo de 2025 El Expreso de Salta
El Ministerio de Seguridad denunció a la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenidos en la marcha de los jubilados reprimida frente al Congreso por considerar que no existían delitos en su contra y por estar violando la Constitución con su detención. Patricia Bullrich acusó a la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado.
La denuncia tiene errores de tipeo como "jugado" en lugar de "juzgado". Hasta equivocó el apellido de la jueza a la que Bullrich rebautizó como Delgado. La acusación fue presentada por Fernando Soto, el abogado de Luis Chocobar, el policía que mató a un delincuente por la espalda y fue acusado de "exceso en el cumplimiento de un deber".
La presentación fue radicada en el fuero federal y Bullrich dice que se debe "a las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación".
La denuncia presentada afirma que la jueza Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos "sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes", señaló la cartera de Seguridad en un comunicado.
Además, el ministerio que dirige Bullrich argumentó que "entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo", y añadió que "la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía".
La jueza Karina Andrade explicó por qué liberó a los detenidos en el Congreso
La jueza Karina Andrade explicó, el viernes pasado, la decisión de liberar 114 presos en la marcha de los jubilados frente al Congreso, al manifestar que no había delitos denunciados, y sostuvo que si los mantenía privados de su libertad estaría violando derechos básicos. La magistrada le respondió directamente al Gobierno al afirmar que las críticas de parte de funcionarios que recibió por su accionar judicial "afectan la democracia".
La liberación de los detenidos "no fue una decisión espontánea que hice porque sí. Yo tengo un rol jurisdiccional de control de legalidad. El marco que yo tenía para resolver era lo informado por el Ministerio Público Fiscal. No se me informó de alguna investigación delictiva", explicó Andrade en diálogo con El Destape AM 1070.
La magistrada señaló que "para los jueces de turno es una obligación analizar el contexto de la detención, y (en este caso) no se cumplían los requisitos básicos", por lo que tuvo que resolver la liberación "ante el pedido de la defensa".
"Solo tenía el ejercicio de un derecho constitucional de adultos mayores junto con otros grupos. Eso significa que hay que garantizar que eso pueda suceder", agregó en referencia a la libertad de expresión y la posibilidad de manifestarse.
Además, la jueza Andrade aclaró que "no le trajeron información" acerca de si había barrabravas presentes en la manifestación del miércoles, aunque añadió que eso "formará parte de la investigación" posterior.
Previo a la denuncia de Bullrich este lunes, Andrade había considerado que los cuestionamientos que recibió de parte de funcionarios del gobierno nacional por su decisión de liberar a los detenidos "son desafortunados, porque los jueces debemos poder resolver sin que eso conlleve una crítica por algo que yo llevé adelante en el marco de mis funciones". "Creo que esto afecta la democracia, la dependencia judicial y la división de poderes", cerró.
Lo determinó el Juez Martín Cormick, en el marco de la causa en la que se pidió declarar la inconstitucionalidad del protocolo aprobado por Patricia Bullrich.
El miércoles hubo una protesta de miles de hinchas en apoyo a jubilados. La ministra aprovechó la convocatoria para instalar que la marcha iba a ser de barras bravas y en función de ello amenazó con una represión más violenta que de costumbre y cumplió. Ahora, después de acusar a manifestantes de "sedición" lanzó su proyecto de Ley Antibarras. ¿Aplicará esa normativa para los barras contratados por Karina Milei para el armado político en PBA?
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