Yanela Barrios, madre de Dulce, encabezó una manifestación en Ciudad Judicial junto a otras madres para exigir justicia tras la reducción de la condena de 12 a 6 años al agresor de su hija.
JUDICIALES06 de marzo de 2025
Gabriel Umbert
La reducción de la condena contra el hombre acusado de abusar de su propia hija en 2020 ha generado indignación en Salta. Yanela Barrios, madre de la menor víctima, junto a un grupo de madres, se manifestaron en las puertas de la Ciudad Judicial para exigir que se revierta la decisión judicial. "Estamos aquí reunidas, como tantas veces, porque lamentablemente en segunda instancia, después de todas las pruebas que se recabaron y una condena unánime, le redujeron la pena 6 años", expresó Barrios.
El agresor originalmente había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión efectiva tras una exhaustiva investigación y un fallo unánime que corroboró su culpabilidad. Sin embargo, en una decisión que desató el repudio de diversos sectores sociales, la pena fue reducida a la mitad. "Es lamentable lo que pasa en la justicia salteña. No puede ser que se dé esta constante revictimización. Hace casi 5 años que vengo pidiendo justicia, no puede ser que siga pasando esto", denunció la madre de la menor. Yanela también criticó las irregularidades en el proceso y la falta de garantías para las víctimas. "Me pusieron un bozal legal, pero, sin embargo, salgo a ser la voz de mi hija. Los jueces pretenden que una niña menor declare como ellos quieren y aquí se debe respetar los tiempos del niño. La causa tuvo muchas irregularidades", afirmó. Además, señaló la falta de protección por parte del sistema judicial: "Jamás garantizaron los derechos míos y de mi hija. Lamentablemente, seguimos con esta justicia sumamente violenta y cómplice de abusadores".
Ante este panorama, Barrios anunció que seguirá en la lucha y presentó una apelación ante la Corte Suprema para que se revierta la decisión y se restablezca la condena inicial. "Nosotros vamos a presentar la apelación como corresponde y exigimos a la Corte Suprema que tome las medidas y vuelva a confirmar el fallo en primera instancia que se dio, que fue por la sumatoria de pruebas. Los jueces sí llegaron a corroborar la culpabilidad de este agresor", aseguró. La protesta frente a Ciudad Judicial reflejó la frustración y el cansancio de quienes llevan años exigiendo justicia. "Estamos cansadas de esta revictimización constante y de la violencia institucional y de esta complicidad de los jueces con los agresores. Seguimos exigiendo justicia por todas las víctimas", concluyó Barrios, dejando en claro que su lucha no cesará hasta obtener una respuesta justa.
Se trata de los policías Lucas Farías, Lucas Borge y Leonardo Mendoza, quienes encontraron el cuerpo del ex jugador en el country del barrio San Andrés, partido bonaerense de Tigre.
El 15 de agosto se cumplirán 13 años desde que ocurrieron los allanamientos en la ciudad de Salta, donde rescataron a 34 supuestas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Testigo dijo que entre los documentos secuestrados había carnets de sanidad emitidos por el hospital del Milagro.
Una denuncia policial por "supuesta estafa" quedó registrada este jueves último, cuando la administración del estacionamiento le realizó el cobro de la tasa de estacionamiento al remis a cargo del conductor Juan Carlos Escalante. Según un decreto del gobierno, "todo el transporte público queda exceptuado del pago de tasa por "ingreso o egreso a puertos, aeropuertos y aeródromos". Entiende el caso el fiscal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante.
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El fiscal penal N° 2 de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó al Juzgado de Garantías N°1 la remisión a juicio de la causa en la que están imputados dos exfuncionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta: Ángel Sarmiento y Benjamín Cruz. Los considera responsables de que el asesor gubernamental luego asesinado, Darío Monges, lograra ingresar de manera irregular a la Unidad Carcelaria N°3 de Orán para negociar con el “Sicario Díaz”.
Los implicados, ocho hasta el momento, están acusados de haber transportado droga por más de 334 kilos de cocaína de Orán a Buenos Aires. Los cabecillas eran gendarmes que estaban en actividad y otros dados de baja. Desde el NOA y NEA, llevaban droga a Buenos Aires. Uno de ellos, mediante audios, instruía como embutir la droga y sugería otras maniobras de ocultamiento.
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