Ni los K, ni los zurdos, la estafa cripto difundida por Milei sacudió a todo el arco político

A nivel mundial, Javier Milei recibió cientos de denuncias en su contra por haber promovido una estafa planetaria. Pero no es el único frente abierto a partir del escándalo. Desde la política, ninguno pudo ocultar la preocupación y el menú al que deberá enfrentarse el Presidente va desde el juicio político hasta una comisión investigadora, pasando por pedidos de informes. Además, pueden peligrar las facultades delegadas otorgadas con la sanción de la ley Bases.

En el Congreso, Unión por la Patria (UP) avanzará con la figura del juicio político, una figura prevista en la Constitución y que puede derivar, llegado el caso, a la destitución del funcionario acusado que, en este escenario, es el Presidente. Para el bloque peronista, carece de lógica que el Poder Ejecutivo, mediante una unidad de investigación creada por Javier Milei, analice su propia conducta. Lo mismo cabe, se explicó en conferencia de prensa, para la intervención de la Oficina Anticorrupción, “desjerarquizada” por el jefe de Estado desde su asunción.

Según detalló Germán Martínez, presidente de UP en la Cámara Baja, el armado peronista profundizará el diálogo con “todos los espacios políticos”, incluso con aquellos que decidieron tomar otros caminos frente a este escenario, pero con la certeza “de que la herramienta institucional, la que más se adapta a estas circunstancias, es el juicio político”.

El trámite de juicio político no es sencillo. Debe iniciarse en Diputados, donde se hizo el anuncio, conseguir la admisibilidad de la comisión respectiva para darle curso a la denuncia, habilitar la recolección de prueba y generar un dictamen para, luego, pasar al recito. Una vez llegada esta instancia, se requerirán los dos tercios de los votos para poder darle giro al Senado, donde se requerirá el mismo número.

Para que el trámite pueda comenzar, es necesario que la comisión termine de elegir sus autoridades. El armado estuvo completamente inactivo desde que asumió Milei, producto de la interna libertaria. Cuando, a principios del año pasado, se persiguió su conformación, la diputada Marcela Pagano fue cancelada por la cúpula violeta, por lo que la conducción quedó vacante y se transformó en escenario de un tironeo entre las ramas mileístas.

No fue la única observación del peronismo. En conferencia de prensa, la diputada Vanesa Siley puso sobre la mesa la vigencia de la delegación de facultades, otorgada con la sanción de la ley Bases y pidió reflexionar sobre si pueden seguir activas bajo estas condiciones. A esos superpoderes le sumó la ausencia de Presupuesto, una carencia que promueve la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Por eso, el bloque decidió impulsar un proyecto para quitárselas.

Salvo UP, la Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el socialismo santafesino, el resto de los espacios políticos prefirieron no embarcarse en la misión del juicio político, al menos en este momento.

El resto de la oposición
Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, tiene múltiples matices y, así como algunos decidieron promover ese procedimiento, otros se mostraron en contra. Una de las voces de este último grupo fue la de Florencio Randazzo, quien consideró que avanzar por ese carril “es un disparate” porque lo que se necesita son “explicaciones claras por parte del gobierno”.

El bloque elevó un pedido de informes para conocer qué funcionarios o asesores participaron en la estrategia de difusión, si existieron contactos previos entre los promotores de la criptomoneda y el entorno del Gobierno, y si allegados al oficialismo obtuvieron beneficios económicos. Aborda, también, la relación de Milei con Mauricio Novelli, Hayden Davies y Julian Peh, principales figuras involucradas en el lanzamiento de $LIBRA, y consulta si estos empresarios accedieron a información privilegiada.

En líneas generales, los bloques dialoguistas decidieron avanzar por el camino de las interpelaciones, pedidos de informe y comisión investigadora para, llegado el caso, sumar la posibilidad de un juicio político.

Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR, pidió por la creación de una comisión investigadora para conocer si Milei, al momento de promocionar $LIBRA, era plenamente consciente de la estafa o si lo hizo por ignorancia. “Por ahí (la recolección de pruebas, en esa instancia) es suficiente evidencia para un juicio político”, lanzó en Radio con Vos.

Pablo Juliano, jefe de Democracia para Siempre en Diputados, amplió el concepto. Para el legislador, una vez que la comisión investigadora arroje luz y permita conocer “la verdad (,) “el juicio político tiene que ser acompañado por la ciudadanía. Entonces, con este acompañamiento social, el número (dos tercios para enjuiciar) se podrá reunir, máxime si se descubre que efectivamente 87 millones de dólares o una parte de este monto fue o va a ir a parar a los bolsillos de los hermanos Milei”.

Desde la Coalición Cívica no sólo se exigieron explicaciones sino que, con las firmas de Elisa Carrió, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y otros dirigentes de peso, se presentó una denuncia penal que se sumó a las tantas anunciadas contra Milei. Con un pedido amplio, se dispusieron ante la Justicia para que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo.

El PRO, sólo
Con una postura muy diferente a la de todo el arco político, el PRO, que se reunió este lunes para mantener latente la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza en Buenos Aires, fue el primero que se tiró sobre la granada y buscó invertir la carga de la prueba. De un comunicado de tres párrafos, uno fue dedicado al kirchnerismo y los otros a solicitar una investigación transparente, siempre bajo las reglas dispuestas por el Presidente y cuestionadas por Unión por la Patria por parciales e insuficientes.