Luego de confirmarse que la investigación contra Emiliano Estrada pasó al fuero federal y que la causa por los videos de TikTok se partió en dos, el defensor del diputado nacional, Jorge Ovejero, confirmó el pedido de nulidad del caso y también de la imputación. Consideró que se trata de una persecución política de la Procuración General de Salta contra el legislador porque dijo lo que nadie desmiente: que un funcionario del gobierno de Gustavo Sáenz está vinculado a la narcocriminalidad.
Recordemos que la investigación penal contra Estrada es porque sería quien encargó cinco videos que circularon por TikTok, los cuales son supuestamente peligrosos para la convivencia democrática. Así lo sostuvo la fiscal de Ciberdelincancia, Sofía Cornejo, al iniciar la causa de oficio, es decir sin recibir una denuncia previa. Actualmente la investigación se dividió y en la justicia provincial siguen procesadas otras cuatro personas que serían los autores materiales de los videos.
Al hablar de los fundamentos para pedir la nulidad de la investigación, dijo que la fiscal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo sabía desde el inicio que no era competente en la causa, dado que el imputado es legislador nacional, y aun así continuó adelante. Además, no individualizó el contenido de los videos", señaló Ovejero en entrevista por Radio Nacional Salta.
"Creemos que es una causa política que se originó por una notitia críminis en el corazón de la Procuración General de la provincia, la misma que recibió hace dos años y medio una denuncia del ministro de Seguridad Abel Cornejo sobre un funcionario de su propia cartera. Lo que está diciendo Emiliano Estrada es verdad, nadie puede desmentirlo, nunca le pidieron la renuncia a Benjamín Cruz, es un escándalo político e institucional", aseguró.
Sobre la partición de la causa, señaló: "según el principio de conexidad objetiva cuando se está investigando un hecho donde hay un autor material, un autor mediato, en el que hay posibles partícipes primarios y secundarios, no se puede juzgar a unos y otros en fueros diferentes porque se podrían dar sentencias contradictorias. Va en contra de la lógica y de principios básicos del derecho procesal", consideró.
Asi mismo, destacó que es de interés para toda la sociedad que se persiga a un legislador "por denunciar las situaciones que denotan irregularidades en el ejercicio de la función pública, como ser vinculaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo con un caso de narcoriminalidad". Ovejero planteó además que el Ministerio Público Fiscal de Salta debería revelar cómo llegó a los videos, es decir quién pidió que se investigara.
Sobre este último punto dijo que el contenido objetado por el Ministerio Público de Salta refiere a una investigación que comunicó oficialmente: que hay un funcionario imputado por tráfico de influencias y que le requierieron juicio. "En base a estas comunicaciones oficiales es que distintos medios y ciudadanos empezamos a preguntar y dar a conocer el tema", observó.
"La fiscal no tiene ninguna prueba de que Estrada haya encargado esos videos pero si se probara esa circunstancia, el contenido de los videos coincide con lo que viene diciendo hace 8 meses. Él tiene el deber de denunciar en el Congreso y por todos los medios para que la sociedad tome conocimiento. Acá no estamos hablando de reproches morales, estamos hablando de si está prohibido o no, porque lo que no está prohibido está permitido, lo dice el artículo 19 de la Constitución".
En ese sentido aseguró que no está prohibido viralizar una denuncia por complicidad con narcoproducción a través de redes sociales, en perfiles que no sean los propios. "Hay que tener valentía para denunciar a personas que están vinculadas con el narcotráfico, no nos olvidemos que hubo un operador político que apareció con cinco tiros en la cabeza (Darío Monges). Además hay un público que no va a ir a mirar las redes sociales de Emiliano Estrada porque no le interesa, y la información la encuentran en otro tipo de perfiles. Cuál es el problema".
