
Sin clima de combate, la CGT y las CTA buscan cómo plantársele al Gobierno en un 2025 que ven durísimo

La participación en un segundo plano de la Marcha Federal Antifascista del 1 de febrero fue una suerte de precalentamiento para la CGT y las CTA casi unificadas, en un 2025 que se anticipa muy movido para las principales centrales que aglutinan al movimiento obrero.
Golpeadas y movilizadas por la infinita agenda de ajuste que impone el gobierno de Javier Milei, terminaron con sus vacaciones y empezaron a activar reuniones para trazar objetivos.
En la calle Azopardo, tras la salida intempestiva de Pablo Moyano del triunvirato conductor y con el peso que ganó el ala dialoguista en las decisiones de la CGT, no ha habido hasta ahora clima de confrontación con la gestión libertaria.
Sin embargo, la decisión del oficialismo de eliminar la intermediación de las obras sociales en los aportes a prepagas generó revuelo y la necesidad de plantarse ante la medida, un paso firme del Gobierno para intentar terminar con las obras sociales de los sindicatos y, en definitiva, privatizar el sistema de salud tal como prometía Javier Milei en el inicio de su campaña presidencial.
De acuerdo a cálculos gremiales, los sindicatos que administran obras sociales van a perder al menos unos $30.000 millones mensuales porque se va a permitir que las prepagas reciban el total de aportes sin necesidad de derivación previa. Esto, argumentan dirigentes de relevancia, se suma a la situación crítica en el sistema de salud.
Para la CGT hay dos cuestiones a atender: la primera, es avanzar en una reunión con autoridades del Ministerio de Salud para charlar a fondo de la medida. Sienten que en la cartera hubo cierto “destrato” y poca comunicación antes de tomar decisiones muy sensibles para todos los gremios.
Por otro lado, en la calle Azopardo creen que al actual sistema de salud gremial le falta una canasta de servicios de emergencia y que se imponga un aumento los aportes de monotributistas y empleadas domésticas. Además, quieren una charla para analizar “adecuaciones vinculadas con el PAMI y otros beneficiarios”. En La Libertad Avanza, todavía hay silencio y no confirmaron siquiera una mesa de trabajo.


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