Irá a prisión con condena unificada por vender drogas en el “Bajo Chico”

En juicio abreviado, un hombre de 26 años fue condenado a la pena de cuatro años de prisión efectiva por resultar responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dos hechos, en concurso real.

SALTA17 de enero de 2025 El Expreso de Salta
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La causa se inició por denuncias recibidas por el Ministerio Público Fiscal en 2023, en las que se advertía sobre la dificultad de realizar tareas de investigación en la intersección de calle Ituzaingó y avenida Costanera del barrio Ceferino, zona conocida como el “Bajo Chico”. Esto, debido a que en ese sector muchos de los residentes se encontraban vinculados a la venta de sustancias ilegales o tienen lazos familiares con posibles sospechosos. A esto se suma la gran cantidad de consumidores en el área, los cuales suelen proteger a los vendedores a cambio de pequeñas dosis de estupefacientes, y el temor de los vecinos a sufrir represalias.

En este contexto, el 18 de noviembre de 2023, la Policía de la Provincia de Salta instaló una cámara de seguridad en calle Bolivia e Ituzaingó con el objetivo de vigilar los puntos de venta de sustancias prohibidas. Sin embargo, al día siguiente, un grupo de consumidores prendió fuego el poste donde se encontraba la antena, lo que provocó que la cámara dejara de funcionar.
Tras una serie de investigaciones, que incluyeron la recopilación de videos de cámaras de seguridad, entrevistas con residentes y el secuestro de sustancias estupefacientes y elementos de corte y pesaje, se logró comprobar que el acusado se dedicaba a la comercialización de drogas en la zona.

Cuando se libró orden de allanamiento en su domicilio de barrio Ceferino se secuestraron envoltorios con sustancia blanquecina que luego se comprobó que era cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, recortes de polietileno, balanzas digitales y una computadora.

La jueza Mónica Faber revocó la condicionalidad de una pena impuesta al condenado en una causa anterior y unificó ambas condenas en el monto de seis años y ocho meses de prisión efectiva.  

La condena se dictó en el marco de una audiencia flexible y multipropósito del Plan Piloto de Oralidad.

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