El legislador nacional no se presentó ante la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, donde iba a formalizarse la imputación por el delito de "intimidación pública". La persecución es a causa de cinco videos críticos al gobierno salteño que circularon por la red social TikTok.
JUDICIALES16 de enero de 2025 Melina Sola
El diputado nacional Emiliano Estrada no se presentó a la citación de la fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo Solá, quien lo imputó por el delito de “intimidación pública” por contenidos difundidos en redes sociales cuya autoría le atribuye. El acusado envió por expediente digital un texto en el que justificó su ausencia al señalar que se trata de una causa nula.
“Son actos viciados de nulidad absoluta e insubsanable porque violaron la Constitución Nacional, las inmunidades y las libertades civiles reconocidas por la misma como presupuestos indispensables para la existencia de la democracia”, señaló.
También dijo que con la investigación “violaron el principio de objetividad y motivación que debe orientar la tarea del Ministerio Público Fiscal y el principio de igualdad ante la Ley.”
Cabe recordar que la investigación se basa en videos de TikTok donde se señalan conexiones entre el poder político salteño y el narcotráfico, aunque desde el Ministerio Público Fiscal no se los dio a conocer. El delito de intimidación pública determina penas para quienes causen pánico en la población de hasta seis años de prisión. Del mismo ilícito están acusadas otras tres personas, dos de ellas eran parte del personal temporario de la Cámara de Diputados de la Nación, quienes habrían participado del armado y difusión de los contenidos.
En el escrito Estrada calificó la causa como de nulidad absoluta y comunicó la designación de Jorge Ovejero como su representante legal. Además indicó que deberían remitirse las actuaciones a la justicia federal, teniendo en cuenta que los videos tienen que ver con "expresiones que habría realizado en su rol de legislador y por el supuesto desvíos de trabajos y servicios de asesores del Congreso".
“Para el caso de que la Justicia de Salta y Federal consideren que la investigación y la causa fueran válidas y legales y que Vd. fuera competente, hago conocer que será el suscripto quien solicitará la audiencia para demostrar que no cometí ningún delito, sino que por el contrario, actué siempre en cumplimiento de los deberes que me corresponden como Diputado Nacional”, finalizó el escrito que envió a la fiscal Cornejo.
Estrada también difundió un comunicado de prensa en el que aclaró que le pidió a Cornejo que su abogado tenga acceso al expediente y cuente con una copia para el correcto acceso al derecho de defensa, teniendo en cuenta que ayer la fiscal reconoció que la investigación no estaba completa.
En el parte de prensa, se mencionó que el accionar de la fiscalía vulnera el artículo 68 de la Constitución Nacional, que textualmente ordena: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.
Afirmó que lo persiguen por "demandar que se investigue en profundidad los vínculos, que toda la población vio, entre funcionarios y narcotraficantes; delatando así que toda esta causa no es más que un sainete maniobrado desde la casa de Gobierno".
“Llama la atención proviniendo del mismísimo Ministerio Público Fiscal; denotando que la defensa de la legalidad en la provincia no está en manos de quienes nos debieran brindar tranquilidad suficiente. Estrada solicita al pueblo de Salta y a los medios de comunicación que estemos atentos a estas maniobras que delatan connivencia entre poderes del estado, ya que hoy pretenden enmudecer a un diputado nacional, pero pronto pueden mutar a actos muchos más graves de los que sea difícil retornar”, completó.
No es por fake news, la aclaración de Estrada:
Luego de presentar el escrito y difundir el comunicado, el diputado posteó en su cuenta de X: “No existe ninguna imputación por fake news. La imputación es porque la fiscal dice que yo estaría buscando derrocar al Gobierno provincial por decir que hay vínculos entre funcionarios de la provincia y los narcos, y dice que eso es intimidación pública.
Un disparate jurídico obviamente. Los videos de esos vínculos salieron en AméricaTv y Canal 9. Pero además el 01/10/2024 lo dije en el recinto. Por lo cual además viola el artículo 68 de la Constitución Nacional.
A los medios de comunicación de buena fe, por favor no se sumen a la operación sin sustento”.
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